Las ONGs alertan de los efectos de la reforma local en los proyectos de cooperación internacional

La Coordinadora de ONGs de Desarrollo en Castilla y León advierte de que la ley de reforma local, que aprobó el Gobierno central a finales del año pasado, pone en peligro la cooperación descentralizada que hasta la fecha han venido realizando los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. La nueva normativa que busca aumentar la eficiencia de las administraciones locales, delimitar las competencias para evitar duplicidades y reducir el gasto público bajo el principio de la estabilidad presupuestaria ha puesto en alerta a las asociaciones y organizaciones no gubernamentales relacionadas con la cooperación al desarrollo.

A la vista del texto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la coordinadora autonómica teme que el Gobierno de la Nación obligue a los ayuntamientos y diputaciones a desvincularse de las políticas de cooperación en el corto plazo. No en vano, consideraría que es una materia competencia de la administración autonómica, por lo que pondría en peligro una parte importante de los proyectos que las ONGs llevan a cabo, por la falta de financiación de esas entidades locales.

Hasta la fecha, la reforma local había tenido mayor repercusión por las residencias de mayores y los ambulatorios, cuya gestión deberá pasar de los ayuntamientos y diputaciones a la Junta. Pero, poco a poco, van apareciendo otras consecuencias en las políticas sociales. Los defensores de la cooperación internacional descentralizada consideran que acabar con la pobreza es una obligación ética y política que atañe a todos los gobiernos, sin distinguir niveles ni colores.

El secretario de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo en Castilla y León, Andrés Amayuelas, apunta a la agencia Ical que lejos de volver a alcanzar el 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta de ayuda al desarrollo la reforma local supondrá un retroceso importante en las políticas de cooperación. Pero no solo en la ayuda en el propio terreno sino que también pueden peligrar las acciones destinadas a la educación y la sensibilización.

Se trata de una situación que pusieron en conocimiento de la Junta de Castilla y León y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde el alcalde de Palencia es presidente de la Comisión de Cooperación. “Nos han dicho que, primero, había que esperar a la aprobación de la ley y, luego, a su aplicación”, reconoce Amayuelas.

Advierte de que los fondos que ahora reservan las entidades locales a las políticas de desarrollo no irán a parar a las comunidades autónomas, por lo que será un presupuesto perdido. Y hablamos de un dinero importante. Los fondos que las entidades locales destinan a la cooperación al desarrollo han caído con motivo de la crisis.

Según los datos recopilados por la Coordinadora regional de ONGs, las partidas de los ayuntamientos de capitales de provincia y las diputaciones descendieron a la mitad en los dos últimos años. De los 4,7 millones de euros que estaban recogidos en las convocatorias de esas administraciones en 2011 para subvencionar proyectos de cooperación se pasó a los 2,7 millones en 2012, hasta acabar en los 2,3 millones de euros del año pasado.

Uno de los casos más llamativos es el del Ayuntamiento de Burgos. En 2011, la partida para esta materia rondaba los 1,6 millones de euros, lo que suponía un tercio de todo presupuesto de las capitales de provincias y las diputaciones de la Comunidad. Tanto que era una de las ciudades españolas que más destinaba a la cooperación al desarrollo, hasta alcanzar el uno por ciento de su presupuesto municipal. El último dato registrado en la convocatoria de la capital burgalesa, correspondiente a 2013, se quedó en 666.000 euros.

El Ayuntamiento de Valladolid bajó de los 790.000 euros en 2011 a los 418.000 euros el ejercicio pasado, mientras que la Diputación provincial apenas recortó sus partidas para políticas de desarrollo, al pasar de 467.000 a 426.000 euros en el mismo periodo. En una situación similar se encuentra el Ayuntamiento soriano que, en los últimos tres años, ha mantenido el mismo presupuesto de 142.000 euros. Frente a los recortes en cooperación, hay entidades de Castilla y León que no reservan dinero para este tipo de políticas.

Pero también hay otros consistorios de menor tamaño que tienen partidas para la cooperación internacional, que suelen agruparse en un fondo donde participan otras poblaciones y así logar un proyecto con mayor impacto.

Con motivo de la firma de los 13 convenios de apoyo internacional para el desarrollo y ayuda humanitaria entre la Diputación de Valladolid y las ONGS en noviembre pasado, la presidenta de la Coordinadora de ONGs de Castilla y León, Isabel Rodríguez, precisó que aunque el apoyo económico de la institución “no supone una millonada, al menos sirve para que se desarrolle un trabajo eficaz”, por parte de una mayor parte de organizaciones no gubernamentales de pequeño tamaño. “Aunque contamos con pocos medios se puede hacer llegar las ayudas humanitarias a quien de verdad las necesita, y ojalá que termine pronto la crisis económica para que se puedan incrementar los apoyos institucionales”, reconocía.

Educación y sensibilización

La financiación de proyectos a cargo de las entidades locales sirve para cubrir ayudas para el desarrollo en países con menos recursos económicos pero también para situaciones de emergencia, además de acciones reservadas a educación y sensibilización de la población que podrían ser las únicas a salvo con la nueva normativa. “Es clave mantener los fondos destinados a la sensibilización para que los ciudadanos conozcan la problemática de los países en vías de desarrollo pero también para que haya conciencia de un consumo responsable o del cuidado del medio ambiente”, reflexiona Amayuelas.

Explica que en España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, existe desde hace años una cooperación descentralizada, que llevan a cabo los ayuntamientos y las diputaciones. A su juicio, es una situación que está ligada a la multiplicidad de ONGs puesto que a las organizaciones de ámbito nacional se suman otras más pequeñas, donde su ámbito de actuación se circunscribe a lo local.

El secretario de la Coordinadora de ONG de Desarrollo en Castilla y León pone como ejemplo el caso de la asociación Hijos del maíz, radicada en Ciudad Rodrigo, que centra sus proyectos en la mejora de las condiciones de vida de los niños y jóvenes de Nicaragua. “Dedican tiempo y esfuerzo por mejorar la situación de esas personas a 14.000 kilómetros, ya sea por conocer a un misionero que está allí o después de viajar a ese lugar y conocer la problemática de sus habitantes”, apunta. Algo que, a su juicio, es una muestra de la riqueza de la sociedad civil.

A modo de reflexión, Andrés Amayuelas declara que la reducción de fondos para cooperación afecta a la influencia de España en el ámbito internacional: “Siempre hemos dicho que una marca sin valores es una marca sin valor y es algo que recordamos al ministro de Exteriores el año pasado”.

La previsión es que el nuevo marco normativo de la reforma local no afecte a las políticas de desarrollo que llevan a cabo las entidades locales hasta principios de 2016, después de la celebración de las elecciones municipales. “Tenemos entendido que hasta entonces habrá un periodo transitorio”, apunta Amayuelas.

Otras vías de financiación

Un tiempo que, además, debe ser aprovechado para abrir una reflexión. No en vano, tal y como recuerda el secretario de la coordinadora regional “hemos tenido una dependencia muy importante de las administraciones públicas” puesto que entre el 65 y el 80 por ciento del dinero que llegaba a las ONGs procedía de los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y administración central. “Esto nos obliga a reinventarnos y volver a nuestras raíces para tener viabilidad”, considera el secretario de la coordinadora regional. Pero también, a priorizar los proyectos.

Con la crisis y el recorte de los fondos, las organizaciones se han visto obligadas a solicitar esfuerzos a los socios de las entidades y a recuperar actividades para obtener rentabilidad como la organización de conciertos y carreras benéficas. También hay otros financiadores como las obras sociales de las cajas, aunque sus aportaciones bajaron mucho con la recesión y, sobre todo, con la reestructuración bancaria. Amayuelas cita, además, otra vía abierta y con futuro como los fondos que aportan las empresas privadas para llevar a cabo proyectos de desarrollo.

Tampoco se olvida de una vía con enorme potencial que “hay que aprovechar” como la Unión Europea. El objetivo es tener acceso a esas ayudas que ya disfrutan las grandes ONGs y que las pequeñas asociaciones encuentren su sitio.