Nuevo 'palo' del Supremo a la Junta: no podrá hurtar las licencias ambientales de las ganaderías intensivas

Imagen de recurso. / Pablo requejo / ICAL

ICAL

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dado carpetazo definitivo a la pretensión de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que preside el juez leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, de rebajar los requisitos medioambientales oficiales a las granjas intensivas.

En concreto, el alto tribunal ha inadmitido el recurso de casación presentado por la Junta de Castilla y León contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con la que anula en firme la exención de licencia ambiental concedida hace dos años por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a las explotaciones ganaderas intensivas.

Según informó Ecologistas en Acción, por providencia de 17 de febrero de 2020, se confirma que “no era posible” modificar la ley de Prevención Ambiental de Castilla y León mediante decreto de condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas, “invadiendo de esta forma el Consejo de Gobierno de la Junta la competencia legislativa exclusiva del Parlamento autonómico”.

El Tribunal Supremo dictaminó que “la modificación efectuada afecta al contenido fundamental de la norma con rango de Ley, en cuanto que aspectos nucleares del mismo, como son todos aquellos sometidos al régimen de licencia o autorización, ahora se trasvasan desde el de licencia, más exigente en su régimen jurídico -información pública, informes preceptivos de la comunidad autónoma, etc.-, hacia un mero régimen de comunicación previa, sin que existan garantías equivalentes, como es la necesidad de evaluación ambiental previa”.

Esto significa, prosigue la organización ecologista, que una gran explotación ganadera industrial como tantas que se vienen tramitando a diario en la Comunidad, que conllevan un consumo de agua, emisiones y una producción de residuos enormes, “no podrá empezar a funcionar sin información pública ni informes”.

A otra escala, añadió, “cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves tampoco podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan, que era lo que pretendía la Junta”, denunció Ecologistas en Acción.

La noticia de la primera sentencia saltó en plena campaña de las últimas elecciones autonómicas y el aspirante del PP, hoy presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió la presentación del recurso judicial simplicando los argumentos al defender que lo que se pretendía era quitar burocracia a las explotaciones ganaderas. Algo que ahora el Supremo zanja que no se puede hacer de la manera que intentó la consejería de Suárez-Quiñones, que era entonces y sigue siendo responsable de Medio Ambiente en la Comunidad, y que aseguró que no se cometía ninguna ilegalidad.

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