Menos de uno de cada cinco despidos registrados durante la recesión terminó en los juzgados como improcedente

Ical

Los juzgados de lo Social de Castilla y León registraron 30.938 asuntos resueltos en despido en seis años de crisis, entre 2008 y 2013, lo que representa el 18,2 por ciento del total de trabajadores que pasaron a engrosar las listas del desempleo en el periodo, 169.500, según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA). Sin embargo, los empleados que lograron una sentencia favorable total o parcial o cerraron el proceso con conciliación superó el 65 por ciento de media en el total en el periodo.

Los datos de que dispone el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, recogidos por Ical, reflejan que los asuntos concluidos con despido y las indemnizaciones medias por trabajador se han disparado en Castilla y León, el último sexenio recesivo. Así, si en 2007 se contabilizaron 2.907 asuntos resueltos en despido por los tribunales de lo social, el año pasado se alcanzaron 6.295, es decir, más del doble. Asimismo, las cantidades reconocidas a los trabajadores, pasaron de los 9,65 millones de euros, a los 62,79 millones, casi siete veces más.

En este sentido, las indemnizaciones medias por despido improcedente falladas por los tribunales de los Social, se situó en 2007 en Castilla y León los 3.319,7 euros, en 2008, subió ligeramente, hasta los 3.372,4; y en 2009, cuando la recesión entró con más fuerza en la economía de la Comunidad, en los 4.091,8 euros. La limpia de temporales estaba hecha, y los tres años siguientes, las bases de cotización y la antigüedad de los trabajadores, elevaron sustancialmente las indemnizaciones judiciales, con 10.151,1 euros en 2010, 8.801,1 en 2011, 9.476,1 en 2012, y 9.974,6 el año pasado.

El porcentaje de asuntos cerrados con sentencia favorable o conciliación en los tribunales de lo Social de la Comunidad, ha ido en aumento a medida que avanzaba la crisis, con el mayor porcentaje registrado en 2013, el 71,6 por ciento; mientras que en 2008 se situó en el 56,1 por ciento, porcentaje que pasó al 59,4 por ciento en 2009, al 64,8 por ciento en 2010, al 63,1 por ciento al 2011 y al 67,8 por ciento al 2012, al son de la profundización del momento de crisis económica cada vez más dificultoso de superar para las empresas.

Los sindicatos CCOO y UGT en la Comunidad defendieron su papel para lograr acuerdos antes de que el trabajador se vea obligado a acudir a los tribunales, pero asumieron que en muchos casos a éste no le compensa, sobre todo tras la reforma laboral, con el desplome de las indemnizaciones y la eliminación de los salarios de tramitación. Y es que las decisiones favorables al trabajador por despido improcedente se pagan con 45 días hasta el 12 de febrero de 2012 (entrada en vigor de la reforma laboral) y con 33 a partir de esa fecha, con un tope de dos años, salvo que el cálculo antes de esa fecha lo supere, con lo que se aplica la legislación anterior, con hasta 42 mensualidades.

El secretario de Estudios y Asesoramiento Jurídico y Sindical de CCOO en Castilla y León, Carlos Castedo, explicó que el bajo porcentaje de trabajadores que acude a los tribunales responde a que hay despidos individuales, la mayor parte por las características del tejido productivo regional, con acuerdo directo y conciliación con el empresario, y los procesos colectivos suelen ir cerrados por los sindicatos, con la influencia de los apoyos a los eres de extinción de la administración. “Pero sobre todo -dijo- es que muchas veces no compensa esperar dos o tres años al juicio”, tras la reforma laboral, porque “antes con los salarios de tramitación de garantizaba cobrar todo el dinero en los años que durase el proceso, pero eso ahora no existe, y las cantidades de indeminización son más pequeñas”. “La gente no ha encontrado en los juzgados soluciones a sus problemas, no compensa y si el empresario ofrece una cantidad razonable se cierra el acuerdo”, dijo.

Castedo constató que “lo terrible es que haya que esperar ese tiempo” a que los tribunales resuelvan una situación de “injusticia”. Aseveró además que ese proceso judicial “tiene una segunda parte”, porque una vez reconocida la prestación demandada por el trabajador, “la mayoría de las empresas no pagan y hay que plantear la ejecución, y a veces no están en condiciones, se declaran insolventes, y hay que ir al Fogasa, con lo que se van acumulando los meses y el trabajador ve el dinero cuatro años después”.

Por otra parte, expuso que el aumento de las indeminizaciones medias por trabajador refleja que la crisis no ha respetado nada, arrasó con los temporales en sus primeros compases y se ha llevado por delante muchos empleos de mucha antigüedad, que aunque han cobrado menos por la reforma laboral, tenían muchos años de cotización.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT en Castilla y León, Evelio Angulo, destacó que el escaso porcentaje de trabajadores que acude a los tribunales responde a que la mayor parte de los despidos se “ha conciliado” en fases previas, con instrumentos en el caso de los procesos colectivos como el Serla. “Sobre todo es que ha habido mucha intervención sindical; entendemos mejor un mal acuerdo que un buen juicio, porque nosotros decidimos con el trabajador”. Además, argumentó que las sentencias judiciales, pueden favorecer en la mayoría de las ocasiones al trabajador “pero también existen las desfavorables, y ahora con la reforma laboral, éstas tienen una mayor incidencia”.

En este contexto, Evelio Angulo aprovechó para reiterar su rechazo a la reforma laboral, que “ha dejado al trabajador desprotegido” y ha provocado un “desequilibrio total” entre las partes., con una preponderancia del empresariado frente a la parte social.

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