Lío en el mundo agrícola por las ITV de los tractores

Las organizaciones profesionales agrarias advirtieron hoy de que miles de tractores de Castilla y León no pasan la ITV por una mala interpretación de la normativa sobre la cabina, aspecto que le trasladaron en una reunión mantenida hoy al director general de Industria e Innovación Tecnológica, Carlos Martín Tobalina, a quien exigieron una solución inmediata, según varios comunicados de Asaja, la Unión de Campesinos (UCCL) y la Alianza por la Unidad del Campo, integrada por UPA y COAG.

UCCL mantiene que con la normativa vigente no debería producirse esta situación, dado que más de 10.000 tractores en Castilla y León “están deviniendo en una situación de irregularidad que les impide circular, asegurarse y realizar cualquier trabajo”.

A su juicio, la situación de irregularidad arranca de una “mala” interpretación de la normativa vigente en cuanto a la inspección técnica de los tractores en lo que se refiere a determinados revestimientos de las cabinas. “La normativa deja un margen suficiente para seguir pasando la ITV como venía haciéndose hasta ahora y como en otras Comunidades Autónomas se está haciendo a día de hoy. Es por tanto, responsabilidad de la Dirección General de Industria la interpretación de la normativa”, sostuvo.

La organización demandó a Martín Tobalina la redacción de una instrucción interna para las diferentes ITVs provinciales , en la que se plasme la obligatoriedad de seguir aplicando la ley como hasta hace un año, con el objetivo de no dejar en situación de irregularidad a un 25 por ciento de tractores en Castilla y León.

Al mismo tiempo, UCCL mantendrá reuniones con el Ministerio de Agricultura, del que parte la norma que actualmente se aplica, pues en otras comunidades autónomas “no están surgiendo estos problemas de interpretación”. La opa confía en que la Junta “tenga la suficiente sensibilidad para que en breve plazo se de solución a esta gravísima problemática”.

En este sentido, la Alianza exige al departamento de Miguel Arias Cañete la convocatoria, “a la mayor brevedad”, del sector, al objeto de abordar la problemática suscitada desde el mismo. Entre tanto, exige una moratoria en la aplicación de los cambios en la normativa que ha desencadenado dicha problemática.

UPA y COAG recordó que esta circunstancia se produce debido a que desde el 1 de enero de 2012, con la aprobación por parte del Ministerio de Industria de la revisión séptima del Manual de Procedimiento de Inspecciones de las Estaciones de ITV, se introduce una serie de modificaciones que afectan al resultado en las correspondientes Inspecciones Técnicas de Vehículos.

Con esta nueva regulación se da la “paradoja”, según UPA y COAG, de que ciertos tractores que contaban con informes favorables de inspección en años anteriores no consiguen superarla con la nueva regulación, “ya que si bien todos ellos tienen estructuras de protección contra vuelco homologadas, se les ha añadido algún elemento más que no consta en las especificaciones técnicas del vehículo y que implica resultados desfavorables en la inspección, pese a que normalmente estos añadidos no comprometen la seguridad”.

La Alianza recomienda a los afectados que se informen correctamente, ya que “están en su derecho de exigir tanto desde las unidades fijas como móviles la información individualizada y las posibles soluciones a los tractores afectados”. También les solicitó que contrasten las diferentes gestiones que deberán realizar para obtener el informe favorable de ITV.

Igualmente, recordó a los agricultores y ganaderos que, incluso aunque su vehículo no haya llegado al período de la primera inspección obligatoria (ocho años), ante la duda de si cumple con la normativa vigente, “pueden requerir, gratuitamente, que el ingeniero encargado de la estación ITV les informe al respecto”. En este sentido, cuanto antes se detecten posibles irregularidades más fácil será encontrar una solución y garantizar la seguridad de los propios interesados.

Compromiso

Según Asaja, Martín Tobalina se comprometió a paralizar las ITVs a tractores agrícolas hasta que se revise con el sector cómo han de efectuarse. La opa considera que esta interpretación de la instrucción de procedimiento es “arbitraria y lesiva” para los agricultores, puesto que considera como no homologables la mayoría de las cabinas que se montaron en los tractores que se matricularon en la década de los ochenta, muchos de ellos todavía en funcionamiento.

Estos tractores venían de fábrica con un doble arco de seguridad y, sobre él, talleres e incluso franquicias oficiales de las marcas montaron cabinas (que hoy técnicamente califican como “revestimientos”). Señala Asaja que ésta fue la práctica habitual durante muchos años y el agricultor “nunca fue conocedor de que estaba adquiriendo un producto que no contaba con la homologación oportuna”. Durante años, estos tractores “han circulado sin problemas y, de hecho, las adaptaciones que se han pedido a raíz de la nueva interpretación de una norma que no ha cambiado, no afectan para nada a la seguridad vial”.

El director general ha fijado una nueva reunión para el viernes, 14 de marzo, con los representantes de las organizaciones agrarias, con el objetivo de estudiar el modo más sensato de actuar en el futuro. Aunque la normativa es de carácter nacional, las comunidades autónomas tienen la potestad de interpretarla y aplicarla.

Las opas esperas que fruto de estas reuniones se consiga que los tractores de los años 80, que hasta ahora se consideraban “aptos para circular”, lo sigan siendo, sin más complicaciones“. Solo en Castilla y León, el número de tractores afectados por estos cambios podría superar las 15.000 unidades, según Asaja, cifra que difiera de la aportada por otros sindicatos.