La Junta pide al Gobierno más dinero para pagar a residencias privadas mientras dure la Covid-19
La Junta de Castilla y León trasladó esta tarde al Ministerio de Servicios Sociales, que dirige el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la necesidad de mejorar la financiación ante el coste que conlleva la Covid-19 en en el sistema residencial y atención a la dependencia, haciendo especial hincapié en la financiación de conciertos con residencias privadas con dinero público.
En la reunión con el secretario de Estado de Servicios Sociales, Nacho Álvarez, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, manifestó que este “es el momento” de que el Ministerio ponga encima de la mesa fondos mejorar el sistema de la dependencia y financiar las actuaciones que se realizan en los centros asociadas a la pandemia.
Blanco lamentó que se haya “corrido” para la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital pero no se atienda el compromiso de legislatura del Gobierno de aumentar el concierto de las plazas y mejorar la financiación de la dependencia, a la vez que afeó, de nuevo, lo que consideró una “desaparición” de 1.000 millones a los Servicios Sociales destinados a Educación y otras áreas.
Según detalló la consejera a través de un audio distribuido por la Junta, Castilla y León trasladó en la reunión con el 'número dos' de Servicios Sociales la preocupación por la escasez de personal de enfermería en las residencias y por la seguridad y prevención de sus trabajadores.
Así, recordó que durante el estado de alarma se homologaron títulos y se incorporaron a estudiantes de los últimos años de enfermería y reclamó que “se siga en la misma línea”.
Por otro lado, reclamó intensificar la prevención de los trabajadores de las residencias al considerar que son vectores de trasmisión cuando están prohibidas o restringidas las visitas.
Se trata, como explicó la consejera, de intensificar la prevención de los trabajadores pensando en ellos, sus familias y en los usuarios de los centros, a la vez que incidió en que el aumento de personal en centros, de los equipos de protección, de plazas vacantes o la reserva en casos de aislamiento conlleva un coste en la atención del sistema de la dependencia.
