La Junta insiste en ir contra el decreto energético del Gobierno aunque su portavoz confirma que “aplicará la normativa vigente”
La Junta de Castilla y León, a través de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, insistió hoy en la petición realizada al Gobierno para que retire el Real Decreto-Ley de medidas de ahorro energético para poder “dialogarlo” con las comunidades autónomas, los sectores productivos afectados y las corporaciones locales, si bien confirmó que el Gobierno autonómico aplicará “las medidas de los decretos y de la normativa nacional que esté vigente”.
En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno de hoy, Carriedo señaló que el Real Decreto-Ley tiene “importantes defectos en forma y fondo”, y recordó que “no gusta a la mayor parte de las comunidades autónomas” tras no contar con ellas para realizar “una negociación efectiva” de las medidas, para las que tampoco se tuvieron en cuenta a los sectores productivos afectados a las corporaciones locales.
Consideró así Carriedo que este “sería un buen momento para que el Gobierno reflexionara y volviera a la senda del diálogo, si es que alguna vez estuvo en ella, y abriera un cauce de participación con las comunidades autónomas, las corporaciones locales y los sectores productivos”, dejando sin efecto el Real Decreto-Ley para “comenzar un proceso de diálogo y acuerdo con toda la sociedad sobre las medidas a aplicar”.
Pero además de la forma, también criticó Carriedo el fondo del texto por su “perjuicio a la cogeneración, al autoconsumo energético que no se puede vender a la red ni utilizar”, y por incidir en “las restricciones y las sanciones, en vez de en los incentivos y apoyos”.
Por ello, el portavoz de la Junta aseguró que tienen “una posición muy clara: no nos gusta este Decreto-Ley”, cuestión diferente, matizó, al análisis que están haciendo los servicios jurídicos del Gobierno autonómico para ver “en qué medida el Gobierno puede invadir competencias autonómicas, que es lo que determinaría la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por la Comunidad”.
Y es que “una cosa es que el Decreto-Ley sea perjudicial, no nos guste y pidamos al Gobierno su retirada, y otra ver si se produce invasión de competencias”, reiteró Carriedo, ante la posibilidad de que esto último no se dé y finalmente no se presente el recurso. “Pero eso no cambia nuestra opinión sobre el primero de los aspectos: que tienen que ser medidas dialogadas y pensando en el interés general, no solo en la sanción y en la restricción”, concluyó.
Apoyo a territorios productores
Aprovechó la coyuntura Carriedo para pedir además al Gobierno que “se tenga en cuenta a los territorios productores de energía” como Castilla y León, que recordó “produce más de lo que consume en un país que consume más de lo que produce”, con medidas que busquen el apoyo a la instalación de actividades económicas generadoras de empleo en las zonas donde se produce esa energía, ya que “cuando el consumo se desarrolla lejos de donde se produce la energía, esta se pierde”.
Además, lamentó que aunque Castilla y León abastece al resto de España, lo podría hacer en mayor medida si no hubiera sido por el cierre de las cuatro centrales térmicas de la Comunidad, las minas o la central nuclear de Garoña.
“Fuimos contrarios a aquel cierre y el tiempo nos ha dado la razón”, señaló Carriedo, afirmando que “si España es dependiente es por una política equivocada que eliminó una producción que hubiera sido muy útil”, pero sin pronunciarse ante la posibilidad de retomar el 'fracking' en la Comunidad más allá de señalar que “cualquier iniciativa que se pudiera presentar, tendría que ser respetuosa y garante con la protección de la naturaleza y la salud de las personas”.
Medidas propias de ahorro
Por último, y en relación a la posibilidad de que la Junta desarrolle medidas propias de ahorro energético, Carriedo recordó que dentro de las iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la crisis por la guerra de Ucrania que presentó la Junta nada más tomar posesión de sus cargos, se desarrollaba un eje que “tenía que ver con el ahorro energético en los edificios públicos de Castilla y León”.
No obstante, ese ahorro se llevará a cabo “sin que suponga un perjuicio en el servicio que prestamos a los ciudadanos”, dado que “para un adecuado confort en el hospital, por ejemplo, hace falta una temperatura que queremos garantizar aunque tenga un coste energético algo mayor”.
En cualquier caso, las medidas de ahorro energético ya se pusieron en marcha en “una comunidad solidaria”, como definió Carriedo a Castilla y León, “no solo por compromiso y convicción, sino porque hemos visto incrementar de forma importante la factura energética y estamos ahorrando mucho más por la cuenta que nos trae”.
