La Junta admite que se arriesgó al convocar unas oposiciones que no admite la legislación

Rubén Cacho / ICAL El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, presenta el balance de actividad hospitalaria y de ocupación de camas durante el verano

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La Consejería de Sanidad admite que se arriesgó a convocar las oposiciones de enfermería, previstas para el 22 de noviembre, en un proceso que agrupó las plazas ofertadas en 2009, 2010 y 2011, algo que no permite la legislación ya que contempla incluir las de tres años anteriores. Su titular, Antonio María Sáez Aguado, aseguró hoy que el recurso de la Administración General del Estado, que paraliza el proceso, es “poco inteligente” y se preguntó a quien beneficia la suspensión cautelar de las pruebas.

Sáez Aguado compareció ante los medios después de que se conociera un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por lo que se paralizan las oposiciones. “En esta vida el que no se arriesga, no avanza”, dijo el consejero quien pidió “disculpas” a los 20.000 aspirantes por el perjuicio ocasionado e insistió en que la suspensión obedece a la impugnación promovida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En ese sentido, Sáez Aguado admitió que la orden dictada en abril por su departamento no respetó el plazo de tres años previsto en la legislación entre la oferta y la convocatoria para dar estabilidad a los profesionales ya que estos puestos estaban ocupados por personal interino, por lo que tampoco comportarían un mayor gasto público. Por ello, insistió en que la Junta no podría haber convocado las 554 plazas de enfermería sin agrupar las ofertas públicas de empleo de 2009, 2010 y 2011 ya que explicó que solo existían 60 que se ocuparon por el procedimiento de promoción interna.

Saéz Aguado, que expresó el “absoluto respeto” a la decisión del TSJ, aseguró que no comparte el fallo. Argumentó que existen otros pronunciamientos en Andalucía o el Principado de Asturias que han avalado procedimientos similares que convocaban plazas que excedían el límite de tres años para su cobertura, al considerar que este plazo no era “determinante”, y que no se generaba un mayor gasto público. Sobre el cumplimiento de la normativa, recordó que también impide que un profesional esté en esta situación más de dos años, algo que reconoció no se cumple siempre.

Al respecto, el consejero recalcó que se sumaron las plazas pendientes desde hace seis años para ofertar el “mayor número”, tras la “demanda” y el “acuerdo” de las organizaciones sindicales, con el objetivo de reducir la interinidad de la plantilla. También señaló que los sindicatos fueron informados de la impugnación y acordaron con la Junta que el proceso debía mantenerse en dos encuentros. Por todo ello, el consejero se preguntó qué beneficio tiene para el interés general la paralización de las oposiciones.

Los servicios jurídicos de la Consejería están estudiando el fallo que paraliza el proceso en enfermería, si bien tiene previsto abordar la convocatoria de las oposiciones de médicos, con 311 plazas, el próximo viernes en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad. También rechazó las peticiones de responsabilidad y dimisiones y añadió que la mayoría de las organizaciones sindicales apoya la actuación de la Junta, ya que insistió en que les comunicaron la impugnación en dos ocasiones y consideraron que las oposiciones debían mantenerse.

Litigiosidad

El consejero de Sanidad explicó que en materia de función pública existe una elevada litigiosidad. “El riesgo siempre existe”, dijo Sáez Aguado sobre la presentación de recursos, si bien no dudó en asegurar que no comprende los motivos por los que el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro interpuso el recurso. No obstante, insistió en que el TSJ no ha entrado a analizar el “fondo” de la cuestión, sino que ha paralizado el proceso ya que entiende que de celebrarse las pruebas el posible perjuicio ocasionado a los participantes sería mayor.

Finalmente, cuestionó si Hacienda conoce que las oposiciones de plazas cubiertas por interinos “no tiene impacto en el gasto público.

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