La Junta aprueba el Proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio

prensa Consejería de la Presidencia

Desde el comienzo de la presente legislatura, la Consejería de la Presidencia ha trabajado intensamente en todo la Comunidad para exponer la propuesta de modelo de ordenación del territorio de la Junta de Castilla y León y abrirla a un proceso de participación. El texto final, aprobado hoy en Consejo de Gobierno, cumple los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo autonómico, el Partido Popular y el Partido Socialista de Castilla y León y también refleja las aportaciones de ciudadanos, ayuntamientos, diputaciones provinciales y Federación Regional de Municipios y Provincias, además de otras aportaciones planteadas en la tramitación.

El proyecto de ley aprobado hoy consta de cinco títulos -la ordenación del territorio; los servicios en el territorio; la gobernanza local; las mancomunidades de interés general; la fusión de municipios- que se desarrollan en sesenta y tres artículos y se acompañan de nueve disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y quince disposiciones finales. En sus páginas se encuentran detalladas la definición de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, así como las características que han de reunir las futuras mancomunidades de interés general. En una fase posterior, que también se caracterizará por su alto grado de participación, se desarrollará el mapa de dichas unidades básicas que se recogerá en un decreto.

Unidad básica de ordenación y servicios en el territorio

La ordenación del territorio parte de la creación de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, que podrán ser rurales y urbanas. Las de carácter rural agruparán a los municipios menores de 20.000 habitantes, con continuidad geográfica, deberán tener como mínimo 5.000 habitantes y 30.000 como máximo, o bien, en función de la densidad, cuando esta sea menor a 15 habitantes por kilómetro cuadrado y como mínimo agrupe a 5 municipios. Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanas se corresponderán con los municipios de más de 20.000 habitantes.

El mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio se elaborará con la participación de las diputaciones provinciales, los municipios y los ciudadanos a través de un proceso de información pública. Finalmente, el mapa definitivo será recogido en un decreto de la Junta de Castilla y León. A partir de entonces, se delimitarán las áreas funcionales, que podrán ser estables, con carácter permanente, y dirigidas a impulsar una planificación conjunta de los grandes municipios y su entorno o alfoz; o estratégicas, con una fuerte vocación de dinamización del medio rural de la Comunidad, que tendrán una duración determinada y se extinguirán una vez alcanzados sus objetivos.

Las unidades básicas de ordenación serán la base para la planificación, programación, gestión y prestación de los servicios autonómicos. Así, la normativa sectorial correspondiente deberá determinar el mínimo y el máximo de unidades que se tomarán como referencia para la prestación de cada servicio. El proyecto de ley establece específicamente la escala para la prestación de determinados servicios en el medio rural: cada zona básica de salud deberá coincidir con una unidad básica de ordenación y servicios en el territorio; cada zona de acción social deberá coincidir con un mínimo de una unidad básica de ordenación y servicios y un máximo de tres; para la prestación de la educación obligatoria cada zona educativa deberá comprender como mínimo una unidad básica y un máximo de cinco y para salud pública cada demarcación deberá comprender un mínimo de dos unidades y un máximo de seis.

Para la prestación de los servicios autonómicos en el ámbito urbano se respetará la organización existente, manteniéndose las diferentes divisiones territoriales que prevé cada normativa sectorial. El proyecto de ley establece un plazo máximo de tres años desde la elaboración del mapa para que la normativa sectorial se adapte a él.

Mancomunidades de interés general

La eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios de las corporaciones locales a los ciudadanos es otra de las finalidades que persigue el anteproyecto. Para ello se desarrolla la figura de las mancomunidades de interés general, que podrán constituirse por asociación voluntaria de municipios y deberán coincidir sustancialmente con las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio. Estas mancomunidades no supondrán la creación de nuevas estructuras administrativas, pues una de las finalidades del Proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio es mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

Las mancomunidades de interés general rurales se podrán formar por la asociación voluntaria de municipios de población igual o inferior a 20.000 habitantes, con continuidad geográfica, siempre y cuando se manifiesten favorablemente a la asociación la mayoría de los ayuntamientos que aglutinen más del 50 % de la población de la unidad básica; o bien cuando sin reunir esa mayoría los ayuntamientos que se asocien aglutinen el 70 % de la población de la unidad básica. Las mancomunidades de interés general rural tendrán una cartera de servicios común y homogénea de competencias y funciones, que se desarrollará reglamentariamente.

Las mancomunidades de interés general urbanas surgen de la asociación voluntaria entre los municipios con población superior a 20.000 habitantes con los de su entorno o alfoz. Podrán constituirse por todos o algunos de los municipios pertenecientes al área funcional estable. Las áreas funcionales estables están formadas por el municipio de más de 20.000 habitantes y los municipios colindantes inmediatos, y por los colindantes de estos últimos que estén a una distancia máxima de 15 kilómetros del municipio de mayor población. Cuando haya más de dos municipios con población superior a 20.000 habitantes que sean colindantes formarán parte de la misma área funcional estable. Para la constitución de estas mancomunidades se requerirá siempre la voluntad del municipio de mayor población y un tercio de los municipios del área funcional estable, o bien los municipios que representen a un tercio de la población.

El proyecto de ley se refiere también a las diputaciones provinciales, ampliando su ámbito competencial en relación con el apoyo que deben prestar a las mancomunidades de interés general rural, modernizando sus funciones y competencias, potenciando la coordinación y colaboración con la Junta de Castilla y León en el marco de las Comisiones Provinciales de Coordinación de Políticas Públicas en el Territorio. Se incluye una serie de previsiones relativas a la fusión de municipios para adaptar estos procesos a la existencia de las mancomunidades de interés general, reforzando así los mecanismos de fomento de las fusiones voluntarias de municipios, ya previstos en la legislación anterior.

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