Gobierno, empresas y sindicatos pactan incluir a todas la térmicas en el Acuerdo para la Transición Justa

Protesta en la térmica berciana de Compostilla. / Foto César Sánchez / ICAL

ICAL

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y su homóloga en la cartera de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presidieron hoy la firma del acuerdo por una transición energética justa para las centrales térmicas en cierre. De la mano de los sindicatos y las empresas energéticas, el acuerdo recoge el compromiso de las partes para acompañar la transición laboral y la reactivación económica de las zonas afectadas por la clausura de este tipo de instalaciones.

En ese sentido, los focos de actuación prioritaria del acuerdo son el mantenimiento del empleo en los territorios y su dinamización económica e industrial.

Casi un año después de que el Gobierno llegara a un acuerdo con los agentes sociales y económicos, el acuerdo contó hoy con la adhesión del grupo energético EDP, con lo que todas las centrales térmicas de carbón de España quedan incorporadas al pacto, “único en el mundo por el consenso alcanzado”, destacaron fuentes del Ejecutivo.

Entre las medidas que recoge el acuerdo destaca la elaboración, por parte del Gobierno, de un plan de apoyo a la formación profesional e inserción laboral de las personas trabajadoras para facilitar la adecuación de los planes formativos a la demanda de nuevos perfiles. Por su parte, las empresas se comprometen a elaborar un plan de acompañamiento para trabajadores y territorios, que incluya propuestas de nuevas inversiones en las zonas, así como a diseñar planes de recolocación para el personal propio y a dar prioridad a la contratación de las personas trabajadoras de empresas auxiliares.

Al respecto, la ministra Ribera señaló la importancia de asegurar que todas las centrales térmicas del país estén dentro de este “paraguas de compromiso con personas trabajadoras y territorios”. Ribera insistió en que el objetivo del acuerdo es avanzar en la agenda de descarbonización “sin dejar a nadie atrás”.

En esa línea, destacó el impulso al Marco Estratégico de Energía y Clima, compuesto por la Estrategia de Transición Justa, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030 y el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se encuentra en su última fase de tramitación, entre otros.

Por su lado, la ministra Díaz subrayó que el acuerdo incluye “compromisos claros” para apoyar a los trabajadores y a los territorios, “ya que ambas cuestiones van intrínsecamente de la mano”. “El mantenimiento del empleo en los territorios, y su dinamización económica e industrial, debe estar fuertemente vinculado al despliegue de proyectos de generación de energía y de riqueza, armonizados con el entorno”, señaló la titular de Trabajo.

Compromisos del Ejecutivo

En virtud del acuerdo suscrito el pasado 17 de abril de 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y el Ministerio de Trabajo y Economía Social apoyan la elaboración de los Convenios de Transición Justa y se comprometen a llevar a cabo actuaciones para el mantenimiento del empleo a través de planes de formación e inserción laboral específicos y a trabajar en la búsqueda proactiva de inversores con proyectos que puedan localizarse en las zonas afectadas.

En ese sentido, una de las principales iniciativas del acuerdo es la elaboración de un plan específico de apoyo a la formación profesional e inserción laboral de trabajadores tanto de las centrales térmicas como de sus empresas auxiliares, lo que facilitará la adecuación de los planes formativos a la demanda de nuevos perfiles.

Este proyecto está incluido para su financiación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se orquestará a través de un convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) y el Instituto de Transición Justa (ITJ). La evolución de este plan se seguirá desde el registro activo de personas desempleadas vinculadas a la actividad de las centrales térmicas, que gestiona el ITJ, para facilitar su acceso a las ofertas de empleo que surjan del desmantelamiento de instalaciones y de las tareas de restauración ambiental.

En cuanto a la generación de actividad económica alternativa en las zonas afectadas por cierres, los Convenios de Transición Justa se centrarán en captar las oportunidades que surjan en el ámbito de la transición ecológica, teniendo en cuenta las características de cada territorio y favoreciendo la implantación de iniciativas empresariales vinculadas a la producción.

Compromisos de empresas y sindicatos

Por su parte, las empresas titulares de las centrales térmicas de carbón en proceso de cierre se comprometen a elaborar un plan de acompañamiento para personas trabajadoras y territorios que incluye una propuesta de nuevas inversiones en las zonas relacionada con la generación de energías renovables y con otras oportunidades de negocio surgidas en el ámbito de su actividad.

El acuerdo también contempla el diseño de planes de recolocación para el personal propio y la prioridad de la contratación de las personas trabajadoras de empresas auxiliares en las labores relacionadas con el desmantelamiento de las instalaciones, la restauración ambiental y las futuras actividades productivas. Además, las empresas colaborarán a través de acciones específicas en la formación profesional de las personas trabajadoras para mejorar su empleabilidad en las nuevas actividades.

En paralelo, los sindicatos se comprometen a facilitar el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos alcanzados en materia de formación, prevención de riesgos laborales, reindustrialización y divulgación, así como de aquellos pactos que se puedan ir sumando en la consecución de los objetivos de este acuerdo.

El acto de hoy contó con la presencia del secretario general de CCOO Industria, Agustín Martín; del secretario general de UGT-Fica, Pedro L. Hojas; del consejero delegado de EDP España, Rui Teixeira; del consejero delegado de Endesa, José Bogas; de la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría; y del presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés.

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