El Gobierno amplía el escudo social hasta el 31 de octubre y advierte a las eléctricas por maximizar beneficios con la luz
Prórroga de las medidas sociales de la pandemia por parte del Gobierno. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga hasta el próximo 31 de octubre del llamado “escudo social” aprobado en los primeros meses de 2020 para contrarrestar algunas de las consecuencias provocadas por la crisis sanitaria en los colectivos más vulnerables. Estas medidas decaían el próximo lunes 9 de agosto.
Además, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha lanzado un mensaje a las compañías eléctricas sobre el gran aumento del precio de la luz.
El Ejecutivo ha acordado prorrogar hasta final de octubre la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables, la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos y la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, entre otras medidas que componen el llamado “escudo social”.
Ribera ha presentado un “paquete verde” de medidas para hacer frente a las consecuencias del cambio climático en la rueda posterior al Consejo de Ministros, según la noticia de elDiario.es. La vicepresidenta ha asegurado que “no es momento de maximizar beneficios”, en un claro mensaje a esas compañías eléctricas. “Los costes de la generación eléctrica no pueden recaer en las espaldas de los más vulnerables”, ha añadido.
“Ojalá que los indicadores sanitarios permitan entonces decir que podemos enfrentarnos al futuro sin el escudo porque vayan mejorando”, ha señalado en rueda de prensa la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha destacado las favorables cifras de crecimiento del empleo y caída récord del paro en el mes de julio. “Este país no solo ha resistido sino que estamos despegando en la recuperación”, ha sostenido Rodríguez.
Más medidas protectoras
Además, el 'escudo' regula la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento, la prórroga de la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, las medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género y la compatibilidad de la pensión de jubilación de las y los profesionales que ejercen la medicina y la enfermería con el desempeño de su actividad, entre otras.
Las organizaciones sociales que defienden el derecho a la vivienda, como la PAH y el Sindicato de Inquilinos, denuncian que el decreto no ha funcionado ya que, pese a las medidas recogidas en el “escudo social”, los deshaucios se han segurido produciendo. En el primer trimestre de 2021 hubo más desahucios por alquiler que en el mismo período de 2020 aunque menos que en 2019.
El Gobierno aprobó por primera vez estas medidas denominadas “escudo social” el 31 de marzo de 2020. Todas estas medidas, y alguna más, fueron prorrogadas más allá de la vigencia del estado de alarma y se estableció el mes de agosto como el final de este escudo ante la certeza de que el ritmo de vacunación y la mejora de los datos del turismo lo harían innecesario.
