Everest pide un crédito público y estudia ofertas de entrada de inversores

Peio García/Ical. Los Comités de la editorial leonesa Everest comparecen para hablar de la situación de la empresa

Elena F. Gordón/Ical

La compañía Everest formalizó en las últimas horas, ante la ADE, la petición de un crédito de 3,2 millones de euros que permita aliviar la complicada situación que atraviesa la editorial leonesa Everest. Parte de esa cantidad se destinaría al pago de las cantidades que se adeudan a una plantilla que supera los 300 trabajadores (las nóminas de diciembre y enero y dos extras y media).

Representantes sindicales y empleados de Everest comparecieron hoy para mostrar su confianza en que la Junta otorgue ese préstamo que la compañía deberá devolver en un plazo de seis meses, con los correspondientes intereses, y para cuya concesión la empresa ha presentado avales y garantías que multiplican por 11 la cantidad solicitada.

“No queremos privilegios sino que se nos trate como se hace con otros. Si algo no tiene Everest es tiempo y ese dinero en fundamental, entre otras cosas, para comprar materia prima y salir del colapso actual”, señalaron los portavoces. La Junta, recalcaron, es en este caso “un prestamista con intereses” que esperan apruebe un crédito que ven vital para evitar que se llegue a un proceso concursal.

Aunque la compañía asegura en un comunicado que a fecha de hoy no hay nada concreto sobre la entrada de algún inversor en el grupo, a los sindicatos les consta el interés mostrado por al menos dos grupos de capital riesgo y dos editoriales. Los trabajadores reclaman que quien vaya a invertir en una compañía que, recalcan, tiene futuro, lo haga manteniendo a la actual plantilla y la sede de la editorial en León.

'Tierra de saber'

En la comparecencia de hoy también se reclamó a la Junta que apoyo al sector editorial de la comunidad como lo hace, por ejemplo, al agroalimentario. Así, los empleados proponen -no sin ironía- que al igual que existe la marca 'Tierra de sabor', pongan en marcha una que podría llamarse 'Tierra de saber'. Más allá del tono de humor, insisten en que la administración autonómica podría “barrer para casa como hacen en otras comunidades como Cataluña o País Vasco donde los libros que se utilizan en los centros escolares se editan principalmente allí”.

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