Las estaciones de servicio automáticas creen que la obligación de tener un empleado en las gasolineras vulnera el libre mercado

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Ical

La AESAE (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas) considera que la proposición de ley de modificación del Estatuto del Consumidor, que aprobarán las Cortes de Castilla y León este miércoles, para que todas las estaciones de servicio de carburantes cuenten al menos con un empleado conculca los principios del mercado único en libertad de establecimiento y libre prestación del servicio.

En un comunicado recogido por Ical, precisa que defienden la regulación nacional de estaciones de servicio desatendidas y expresa su compromiso de apoyar las mejoras del nuevo borrador pendiente de aprobación por el Gobierno central, consensuado con la Unión Europea, al entender que tiene mejoras relevantes para el consumidor.

Además, señala que comunidades gobernadas por el PP, como Galicia, están a favor de las estaciones de servicio desatendidas y se muestra convencido de que las que respetan la normativa de accesibilidad de los lugares públicos son la solución a los problemas de los consumidores (conductores) con discapacidad al repostar los carburantes.

Por otro lado, defiende que ese modelo de negocio presenta mejoras al consumidor en la competencia de precios, donde subraya que Castilla y León es de las zonas de España con el carburante más caro, que achaca a la casi ausencia de estaciones de servicio automáticas. También, se refiere a mejoras en el horario de suministro (24 horas), seguridad (sistemas automáticos de detección y extinción de incendios) y accesibilidad (posibilidad de repostaje de conductores con discapacidad).

Igualmente, apunta al informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, publicado el pasado mes de julio, y considera que la obligación de mantener una persona física en la instalación, como recoge también la norma de Castilla y León, encarece costes y no garantiza un mayor nivel de seguridad. Por ello, entiende que un servicio atendido es “innecesario, desproporcionado e injustificado”.

“Estas restricciones limitan la competencia en el sector de forma significativa, con claros perjuicios en términos de precios, innovación y tiempos de espera para los consumidores”, destaca, por lo que considera que deben ser eliminadas de toda la normativa autonómica que las contenga.

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