Debate en Diputación por la subida de sueldo de funcionarios y algunos políticos y 33 nuevos empleos internos

El exdiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, imputado en la trama Enredadera, paso en la sesión de hoy a permanecer como 'no adscrito' a ningún partido.

C.J. Domínguez

Un Pleno en la Diputación de León amplio tras el parón veraniego pero de poca enjundia se enfrascó hoy en un intenso y por momentos tenso debate entre los grupos políticos a costa de dos novedades salariales y laborales: por un lado, el aumento de sueldo del 1,75% en total para todos los 1.163 empleados públicos de la institución pero, también, para sólo algunos de los diputados provinciales, aquellos que disfrutan de un salario fijo por dedicación exclusiva, lo que supone un aumento sobre todo para los diputados del equipo de Gobierno del PP. Y por otro, una profunda reordenación interna de la plantilla con la creación de 33 nuevos puestos de trabajo de funcionarios pero casi todos de promoción interna, con apenas oposiciones a la vista para el resto de los ciudadanos.

En el primero de los casos, la subida corresponde al 1,50% con efectos desde principios de año -cobrarán de golpe los retrasos con carácter retroactivo- que se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado y a mayores el 0,25% más que se percibirá con efectos del 1 de julio. Y eso en todos los conceptos salariales.

Unos incrementos que afectarán a los trabajadores de la Diputación, el ILC, el Patronato Provincial de Turismo y los diputados con dedicación exclusiva, pero que sin embargo seguirán 'congelados' los salarios de los diputados que sólo cobran por asistencia a comisiones y plenos.

Ahí saltó una de las chispas: por UPL, Matías Llorente resaltó la diferencia entre los trabajadores públicos y los salarios del resto de trabajadores, calculando que la medida podría ascender a un gasto de 2 millones de euros más a las arcas provinciales, dinero que “no se dedica” a los pueblos de la provincia. Y añadió sus dudas de si era el momento de crear nuevos puestos en la modificada Relación de Puestos de Trabajo (RPT) “cuando cada vez externalizamos más servicios y se realizan (las labores) con más recursos informáticos”. Un planteamiento que vino a compartir por En Común-IU su portavoz, Miguel Flecha.

El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, intervino, algo acalorado, para defender que el aumento salarial lo impone “la Ley”, vía presupuestos, pero sobre todo para coger el guante ante las dudas de si todo el personal público realiza su tarea acorde con el sueldo percibido, asegurando que estaría “encantado” de estudiar “en profundidad” esa productividad “servicio por servicio, puerta a puerta”.

Majo, “incapaz” de entender la “maraña” laboral

Posteriormente, también admitió que a veces es “incapaz de entender esa maraña de 1.163 trabajadores”, mostrándose partidario de que la Diputación tuviera una mayor “flexibilidad laboral” pero defendiendo la creación, también aprobada hoy, de 33 nuevos puestos de trabajo públicos, la mayor parte de los cuales no permitirán la entrada de nuevos trabajadores en la institución porque son o de promoción interna o de interinidades. Es decir, apenas habrá nuevas oposiciones. Además, hay que sumar otras 20 “reubicaciones”. “Bailes de personal”, lo resumió Flecha.

Por poner algunos ejemplos, resaltados por el portavoz del PP, Francisco Castañón, se crearán dos secciones nuevas, una de Transparencia, Relaciones Institucionales y Comunicación, y otra de técnico de Proyectos Europeos, por la que preguntó el PSOE por boca de José Pellitero, planteando dudas de su necesidad (“ya se están canalizando por otras vías”) o de si sólo hace falta un 'jefe' pero ningún “currante”.

Otras novedades de esa reestructuración, que no ha esperado al nuevo presupuesto, podrían ser los 13 reubicados operarios de estación, la conversión de dos puestos de calefactores a ordenanzas, de un administrativo a responsable de nóminas, o la contratación en plantilla de un abogado para defender los intereses judiciales de toda la institución, entre otros. Cambios que “han llevado meses” y no han sido fáciles, quiso resaltar Castañón para replicar a las insinuaciones leonesistas de que se han podido fraguar en algunos casos “en los bares de la Rúa” y que podrían traer un considerable descontento.

Unos 1.200 euros a antiguos diputados por una denuncia

A punto estuvo la cosa de enzarzarse más cuando Llorente quiso recordar que, más allá de los derechos laborales y que percibirán “algunos” políticos, hace seis años ante la crisis se congelaron las retribuciones de todos los diputados y personal de confianza, pero “ahora nadie mueve un dedo para equipararnos a todos”. “Un servidor se bajó 6.000 euros”, le replicaba airado el propio Majo.

El asunto del dinero volvió a salir a la palestra cuando de nuevo Matías Llorente y Miguel Flecha se interesaron por la decisión del presidente Majo de pagar “una media de 1.100 a 1.200 euros” con dinero público a once diputados del PP de la anterior Corporación y una funcionaria para pagar gastos judiciales de una denuncia que finalmente resultó archivada. Majo zanjó el asunto asegurando que “si alguien nos denuncia, y eso está hoy a la orden del día, y no somos culpables, la institución nos tiene que cubrir” resarciendo el dinero adelantado para la defensa jurídica.

Presidencia pagará la gesta de 'Piru' por Vestas

Y más dinero: el presidente desveló que desde la salida en bicicleta del trabajador de Vestas Andrés Turienzo 'Piru' para viajar 2.500 kilómetros en bici hasta la sede europea de la compañía que pretende cerrar su fábrica en León, inició los trámites para que Presidencia pague los casi 1.000 euros de gastos de esta gesta. “Ha hecho algo noble y me entristece que no se puedan disponer con urgencia ni de 1.000 euros para ayudar a alguien”, dijo dirigiéndose al interventor y sus reparos legales, pero aseguró que ese pago se realizará.

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