CSIF reclama una oferta pública que reduzca la interinidad a la mitad en cuatro años

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a las administraciones central, autonómicas y locales una oferta de empleo público acorde a las necesidades de los servicios públicos, que evite el abuso de la contratación del personal interino, como ha evidenciado la reciente sentencia de la Unión Europea sobre la indemnización por despido a una trabajadora del Ministerio de Defensa que llevaba 9 años trabajando con contratos temporales.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que exige una equiparación de la indemnización por despido en los trabajadores interinos-temporales y en los fijos pone de manifesto la discriminación en el ámbito de las indemnizaciones por cese de contrato, afirma CSIF, “y en el caso de las administraciones reflejan el abuso en la contratación de personal interino en plazas que deberían contar con un puesto fijo, para ofrecer la calidad de los servicios que requieren los ciudadanos”.

En el conjunto de las administraciones públicas, según cálculos de CSIF y a partir de la Encuesta de Población Activa, hay cerca de 300.000 personas que ocupan un puesto temporal, para cubrir la ausencia total o parcial de un trabajador. La tasa de interinidad es por tanto cercana al 11% por ciento, aunque en algunos sectores como la Educación, la Sanidad o la Justicia alcanza el 20% por ciento.

En el caso de Castilla y León, la interinidad en Educación está en el 21%, en la administración general de la Junta de Castilla y León en una media del 34%, que en el caso de la Gerencia de Servicios Social alcanzar picos de hasta el 70% en algunas categorías; y en Sanidad se acerca también al 20%. Unos porcentajes que no son “tolerables” para el sindicato independiente.

CSIF considera que la administración pública debe, por un lado, equiparar las indemnizaciones de su personal interino-temporal (12 días por año trabajado) con los trabajadores de la empresa privada. CSIF reivindicará que esta cuestión se incluya como normativa básica dentro de la administración pública.

Y en segundo lugar, CSIF reclamará un estudio en profundidad de los recursos humanos con el fin de implantar una oferta pública que, en un plazo de cuatro años, permita reducir a la mitad la contratación de personal interino.

187.600 personas podrían beneficiarse de esta sentencia

Por su parte, CCOO ha emplazado al Gobierno y a los partidos políticos a promover una reforma urgente para ajustar nuestra legislación al marco europeo que ha trazado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al declarar que la legislación laboral española discrimina a casi cuatro millones de trabajadores temporales por las indemnizaciones que reciben. En Castilla y León hay 187.600 personas que podrían beneficiarse por esta sentencia.

El TJUE ha reconocido a los trabajadores temporales el derecho a percibir la indemnización de 20 días por año trabajado. El alto Tribunal europeo considera que la indemnización de los temporales por la extinción de su relación laboral debe ser equivalente a la de las trabajadoras fijos y, por tanto, equipara la finalización del contrato de los temporales con el despido objetivo de los fijos.

En la actualidad, los temporales que ven finalizado su contrato tienen derecho a recibir un máximo de 12 días por año trabajado mientras los fijos, cuyo contrato sólo puede resolverse con un despido, reciben 20 días si el despido es objetivo y 33 en caso de despido improcedente.

El Tribunal Europeo establece como mínimo legal el despido objetivo de los trabajadores y trabajadoras fijos, es decir 20 días por año trabajado en España. Hay que recordar que el despido objetivo para los trabajadores y trabajadoras temporales también está establecido en 20 días por año trabajado, por lo que esta modificación legal afecta únicamente a temporales que vean concluir su contrato de trabajo sin que medie un despido.

UGT advierte que es una práctica habitual de la Junta

El sindicato UGT también ha valorado la asentencia y ha denunciado que encadenar contratos temporales para cubrir necesidades permanentes en los servicios de salud es una práctica habitual por parte de la Junta de Castilla y León.

Para la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Ámez, es evidente que en estos momentos no se conozca la afectación de este fallo a la legislación española, “pero no es menos cierto que somos conocedores de las irregularidades que en nuestra Comunidad se están cometiendo, permitiendo la utilización de contratos sucesivos para atender las necesidades permanentes en sectores tan importantes como educación y sanidad”.

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