Las Cortes piden que se impulse un pacto nacional por la educación con consenso social
Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles, con los votos a favor de C's, PSOE, PP y UPL, que se impulse un pacto nacional por la educación con el consenso de la comunidad educativa y de los colectivos sociales, pero rechazaron que se congele el calendario de implantación de la Lomce hasta que se alcance ese acuerdo y, en concreto, para las reválidas de cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato.
La proposición no de ley de Ciudadanos a favor de un pacto nacional por la educación, a la que Podemos se abstuvo e IU voto en contra, fue defendida por la procuradora Belén Rosado, que se refirió a la educación como la “máxima prioridad” de su formación y como un “verdadero reto” para mejorar “multitud de indicadores en los que España está a la cola de Europa”.
El texto de C's contó con las aportaciones de los grupos Socialista y de Podemos, cuyos portavoces en Educación, Jesús Guerrero y Lorena González, insistieron en que no se realicen las evaluaciones externas que supone la implantación de la LOMCE en el curso 2016-2017, aunque Podemos se abstuvo por unos cambios que no compartió.
En nombre del PP, Isabel Blanco manifestó que su grupo estaba dispuesto a aprobar los tres puntos de la moción pero añadió que un cambio en la redacción del apartado segundo en relación a que no se realicen las reválidas, motivó la petición de votación por separada para rechazar dicha propuesta.
Tras respaldar que las Cortes se dirijan al Gobierno para que se cree una subcomisión en el Congreso que permita un acuerdo en seis meses, reiteró que la reválida de cuarto de ESO no tiene validez académica y el alumno que “tenga un mal día” pero haya aprobado las asignaturas, tendrá el título. “Nadie se quedará fuera del sistema”, afirmó, para añadir que no se sabe lo que ocurrirá el próximo año porque depende de que haya Gobierno.
Presentar un recurso
En otra PNL, el portavoz socialista de Educación, Fernando Pablos, reclamó pasar del “lamento” a la adopción de soluciones para no caer en la “melancolía” y solicitó que la Junta presente un recurso contra el Real Decreto de julio de 2016 por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Obligatoria y de Bachillerato, como recordó que han anunciado otros gobiernos autonómicos y el sindicato UGT.
Pablos, que contó con el respaldo de los procuradores intervinientes por IU, UPL, Ciudadanos y Podemos y en contra del PP, centró sus argumentos en el “clamor” tras conocerse la publicación en el BOE de dicha norma, del que “se hizo partícipe el consejero de Educación en sus declaraciones públicas.
El popular popular Jesús Alonso argumentó que la ley tiene “contenidos que no son consejos, sino ordenes que se tienen que cumplir”, y subrayó que la prueba en cuarto de ESO no tiene valor académico y la de Bachillerato está pendiente de regulación para buscar la mejor salida. “Son libres de presentar el recurso”, aseveró.
“Hay una oportunidad de coincidencia entre el consejero de Educación y el PSOE para parar esta tropelía”, afirmó Fernando Pablos, que insistió en que Rey no está de acuerdo con el contenido de dicha normativa. “Dónde está el pacto, si han impuesto lo que han querido en mitad del verano”, replicó a Jesús Alonso.
