La Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias reclama que se cumpla el régimen de visitas y salidas

Desinfectando una residencia de ancianos de León capital.

ICAL

Los integrantes de la Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias en Castilla y León registraron el pasado viernes, ante todas las Gerencias Provinciales de Familia y Servicios Sociales de la Comunidad, una solicitud para que los responsables de la Comunidad en las diferentes provincias hagan cumplir la normativa en vigor sobre visitas y salidas en los Centros Residenciales de sus respectivas provincias.

Desde esta Plataforma señalan que más de mes y medio después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que señalaba como un derecho inalienable las salidas y visitas por parte de las personas residentes en estos centros, y después de medio mes de la publicación de la nueva Guía de la Consejería de Familia y el Protocolo de la Consejería de Sanidad, aún reciben quejas, solicitudes de ayuda e información por parte de familiares de residentes en los centros señalados ante “las trabas, excusas, largas o incluso falta de respuesta para organizar las visitas o posibles salidas de sus familiares en estas fechas”.

En un comunicado recogido por Ical, desde la Plataforma entienden que “no es deseable, por tiempos, por mandato de una sociedad democrática y respeto a los derechos que asisten a los residentes y a las familias, que las acciones para que se cumplan dichas medidas y mandatos legales tengan que recaer en la iniciativa individual de cada residente o familia de los mismos”.

Según la Plataforma es obligación de los Centros Residenciales implementar los protocolos y organizar las visitas y salidas de forma rigurosa con la seguridad sanitaria de los residentes y trabajadores de los mismos, pero también con las necesidades psíquicas y emocionales de residentes y familiares y sobre todo, respetando las leyes “sin que se les tengan que recordar o recurrir a iniciativas legales para ello”.

Además, señalan que la obligación de la Consejería de Familia y Servicios Sociales de Castilla y León es la de “hacer un seguimiento de este cumplimiento, al dedillo de la situación, dado que las competencias en esta materia les corresponden, por lo que ante los derechos que asisten a la Junta de Castilla y León en este hecho, se han de añadir los deberes de hacer cumplir las normas e incluso sancionar a quienes no las estén cumpliendo”.

La Plataforma considera “un gran agravio comparativo” que en algunos centros residenciales estén planteando medidas de aislamiento temporal a los residentes que hagan salidas temporales con sus familiares o amistades, en aquellos que las estén implementando, ante la “pasividad” de la Consejería. “A ningún otro habitante de Castilla y León se le exige un confinamiento o prueba test después de salir de sus trabajos, acudir a visitar a sus familias o tener reuniones familiares en las fiestas que se avecinan”, denuncian.

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