El Defensor del Paciente denuncia ante el Tribunal Supremo a Castilla y León por la gestión de las residencias

Trabajos de desinfección de la UME en una residencia de ancianos.

ICAL

El Defensor del Paciente ha formulado una denuncia ante el Tribunal Supremo por la gestión de la atención prestada en las residencias de mayores durante la crisis de la Covid-19 por parte de los gobiernos de Castilla y León, España, Madrid y Cataluña. En concreto, lo hace por un presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, en concurso con delito de homicidio por imprudencia, y presunto delito de omisión del deber de socorro.

En concreto, la denuncia se dirige contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y las consejeras de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades, Verónica Casado y María Isabel Blanco, respectivamente. También, frente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; al vicepresidente segundo del Ejecutivo central y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias; contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, así como contra la presidenta de la Comunidad de María, Isabel Díez Ayuso; su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz; el director de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Calos Mur de Víu, además de contra el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra I Pla, y su consejera de Sanidad, Alba Verges I Bosch.

El Defensor del Paciente ya había denunciado en abril ante la Audiencia Nacional a las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y Cataluña por ser las que han registrado un mayor número de ancianos fallecidos por coronavirus en residencias durante la pandemia de la Covid-19.

En otro sentido, la Fiscalía de Castilla y León ha archivado la denuncia presentada por el Defensor del Paciente contra las gerencias de Salud y Servicios Sociales de la Junta por el protoco interno para la atención sanitaria a usuarios de residencias de mayores durante la crisis de la Covid-19

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