El Consejo de Cuentas recomienda a la Diputación de León un plan para mejorar la ocupación de sus edificios
El informe sobre el patrimonio inmobiliario de la Diputación de León, elaborado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, dentro del Plan Anual de Fiscalizaciones 2015 y entregado hoy en las Cortes autonómicas, revela que el Inventario de Bienes y Derechos de la institución no figura actualizado desde 2005 y que no se dispone de un inventario separado del Instituto Leonés de Cultura (ILC). La institución, según este informe que recoge actuaciones de los años 2014 y 2015 y al que se presentaron alegaciones, cuenta con 318 bienes inmuebles.
El propósito de la fiscalización es el análisis de los bienes inmuebles de carácter patrimonial y de dominio público y de sus entes dependientes, mediante una auditoría de cumplimiento de legalidad y operativa. Salvo para determinados aspectos de legalidad, quedan excluidas de ese estudio las inversiones destinadas al uso general, como las carreteras provinciales, así como otros bienes destinados al uso colectivo por los ciudadanos.
Cesiones, sobre todo a la Junta
Teniendo en cuenta el alcance y las limitaciones al trabajo realizado, el valor total de los inmuebles utilizados por la Diputación para la prestación de sus servicios al cierre de 2014 era de 66,8 millones de euros y el de los usados por otras administraciones públicas, sobre todo por la Junta, para la prestación de servicios de su competencia, de 41,6 millones. Un total de 29 inmuebles son propiedad de la Diputación, de los cuales 14 son utilizados y afectados por la misma, tres por el Instituto Leonés de Cultura, uno sin servicio, prevista su desafectación, ocho utilizados por terceros, predominantemente mediante concesión a favor de la Junta de Castilla y León, y tres cuyo uso es compartido entre la Diputación y terceros, también principalmente por la Junta.
Del análisis general de la situación del patrimonio inmobiliario se concluye que la mayor parte de los inmuebles edificados de la Diputación están afectados a la prestación de sus servicios públicos, o bien figuran cedidos a favor de terceros y, predominantemente, de la Junta. Entre los inmuebles patrimoniales no afectados a servicios, en poder de la Diputación, destacan por su número las fincas de naturaleza rústica, si bien, como se ha podido ver, con un valor de mercado no muy elevado.
El Consejo de Cuentas recomienda a la Diputación la aprobación de un plan de optimización de la ocupación de los edificios administrativos para prestar los servicios de su competencia y del rendimiento de sus inmuebles patrimoniales. También se sugiere, por criterios de eficacia, rentabilidad y eficiencia, y para una adecuada administración y conservación, que se permita optimizar la utilización y el rendimiento del patrimonio inmobiliario, adoptar un plan específico sobre los inmuebles de carácter patrimonial (150 de los que 71 forman parte de bienes construidos, 70 son terrenos rústicos y nueve urbanos).
Los inmuebles patrimoniales utilizados para la prestación de servicios están valorados en 108,54 millones y el resto en 56,4. Los que se encuentran cedidos tienen un valor calculado de 32,2 millones de euros, entre los que se encuentra el Hospital Princesa Sofía, valorado en 27,1 millones.
Además, la Diputación presta servicios en seis inmuebles que no son de su propiedad, sino de particulares o de otras administraciones públicas, predominantemente alquilados y afectados al servicio de recaudación en la provincia. A su vez, el Instituto Leonés de Cultura presta servicio en un inmueble cedido, a lo que hay que añadir la cesión y arrendamiento de una parte de la Estación Invernal de Leitariegos, en el municipio de Villablino.
Con carácter general, señala el Consejo, hay un elevado porcentaje de cumplimiento de los datos referentes a los inmuebles que deben figurar en el Inventario. De especial transcendencia resulta la información relacionada con la inscripción en el Registro de la propiedad, que figura en el 89,3 por ciento de los casos. La información referente a la clase de aprovechamiento de las fincas rústicas consta en un 56,6 por ciento de los bienes y la fecha de adquisición de los inmuebles en un 75,8 por ciento.
Entre las recomendaciones que se plantean destaca la de que se adopten las medidas oportunas de actualización y regularización del Inventario General de Bienes y Derechos con el fin de adecuar este documento y el programa a través del que se lleva a la realidad de la situación patrimonial. De especial relevancia, aputan, resulta la necesidad de revisar los valores de mercado de los inmuebles ya que los asignados actualmente son de elevada antigüedad.
