CCOO exige a la Junta la restitución de los días 'canosos' de los empleados públicos

Ical

El sindicato CCOO, a través del área pública, exigió hoy a la Junta de Castilla y León la apertura de un proceso negociador para la restitución de los días de vacaciones conocidos como “canosos”. Se trata de días que se suman a las vacaciones por haber cumplido años en la Administración.

El Real Decreto de 13 de julio de 2012, el mismo que quitó la extra de diciembre, eliminó los días de vacaciones por antigüedad, pero una sentencia judicial ha abierto la puerta para exigirlos por el mismo motivo que la paga extra, por la imposibilidad de hacer retroactivas las normas.

Según la norma anterior a este decreto, los trabajadores de la Junta de Castilla y León podían disfrutar de 1 día más de vacaciones por cumplir 15 años de servicio, por 20 años, 2 días y así hasta completar un máximo de 4. Ahora, una sentencia de un tribunal de Bilbao que obliga al Gobierno Vasco a restituir los días adicionales de vacaciones por antigüedad que estaban consolidados a la fecha de promulgación del decreto, ha abierto la puerta para su reclamación por todos los empleados públicos que tenían ese derecho como ocurre con las plantillas de la Junta de Castilla y León y del sector local, según señala en un comunicado CCOO.

Los sindicatos del área pública de CCOO, que incluye a todo el personal de la Junta, a docentes de las universidades públicas y a trabajadores del sector socio-sanitario, entienden que, una vez producida esa sentencia, la Junta de Castilla y León “no debería caer en la irresponsabilidad de abocar a sus empleados a iniciar un procedimiento jurídico para recuperar este derecho. Creemos que la judicialización, además de colapsar los Juzgados de la región, podría provocar un importante gasto, completamente inútil, en concepto de tasas y costas judiciales”. Por ello, CCOO propone una reunión urgente de la Mesa General de Empleados Públicos donde se negocie y acuerde la restitución de este derecho.

No obstante, CCOO va a iniciar un número limitado de procedimientos ante los diferentes juzgados de la región con el fin de no cerrar ninguna puerta para la restitución de los derechos laborales y con el objetivo de que las sentencias favorables provoquen jurisprudencia aplicable a todo el personal al servicio de las administraciones públicas.

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