Castilla y León se une a Asturias, Cantabria y Galicia para una 'moratoria' al fin de la caza del lobo
La Junta de Castilla y León, junto con las Comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y Galicia, solicitó el aplazamiento de la reunión del grupo de trabajo sobre el lobo prevista para mañana miécoles hasta que no se aclaren “las circunstancias e irregularidades” que, según el Ejecutivo autonómico, se produjeron en la última reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, celebrada el pasado 4 de febrero.
La petición fue realizada por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, al director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Jorge Luis Marquínez, después de recibir por correo electrónico la convocatoria para mañana, 10 de febrero, del Comité de Flora y Fauna Silvestre y del grupo de trabajo del lobo para tratar los “supuestos acuerdos adoptados” en la Comisión Estatal.
En ese sentido, las regiones al norte del río Duero consideran que dicho acuerdo “es una propuesta, no un acuerdo”, que no da por finalizado el procedimiento administrativo y que, además, presenta “una serie de irregularidades que deben ser corregidas”, informó la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en un comunicado remitido a Ical.
Y es que, tal y como denuncia la Junta de Castilla y León, “estas irregularidades afectan tanto a la tramitación del procedimiento como a la celebración de la última Comisión Estatal”, ya que el propio dictamen emitido por el comité científico -origen del principio del fin de la actual caza del lobo en territorios donde, como en León, aún se mantiene- señala “la ausencia de criterios objetivos para la inclusión de especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre)”.
Así, la Junta de Castilla y León se suma a las acciones y medidas que las otras comunidades autónomas del norte del río Duero emprenden para frenar la inclusión del lobo en el Lespre. Y es que estas Comunidades, que albergan más del 95 por ciento de los lobos de España, defienden que “esta decisión estatal carece de fundamento técnico y científico y vulnera las competencias exclusivas en materia de caza de las Comunidades autónomas”, pues la propia normativa comunitaria “permite que las poblaciones de lobo al norte del Duero puedan ser gestionadas con normas cinegéticas”.
El PP, en bloque
Por su parte, El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso quiere que el Gobierno promueva medidas de control de la población del lobo ibérico para permitir su coexistencia con la actividad ganadera. Los populares hacen esta petición a través de una proposición no de ley, que deberá ser debatida y votada en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
En esta iniciativa, el PP solicita al Gobierno con carácter urgente, ante la Comisión Europea, “la elaboración de directrices interpretativas de la Directiva Hábitats que permitan a las autoridades competentes adoptar medidas de control de poblaciones de lobo, con el fin de permitir la coexistencia con la actividad ganadera, sin riesgos”. Con ello, según los populares, se daría “seguridad jurídica a todas las partes implicadas (administraciones, ganaderos y cazadores)”.
Además, el Grupo Parlamentario Popular registró este martes una iniciativa para que la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, comparezca ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja para informar de la decisión de prohibir la caza del lobo.
No obstante, Ribera y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, anunciaron esta mañana a través de Twitter que comparecerán conjuntamente a petición propia en el Senado para explicar las medidas que realizan ambos departamentos en relación a la ganadería extensiva y la protección de la biodiversidad, tras la polémica surgida con la prohibición de la caza del lobo.
Por otro lado, varios diputados del PP registraron preguntas escritas al Gobierno relacionadas con ese tema, como si pudieron participar todas las comunidades autónomas en la votación, si Transición Ecológica considera que el resultado es válido en el caso de que no votaran todas, y qué razones llevó al Gobierno a “forzar” una decisión que “amenaza la seguridad de ganaderos y de habitantes del medio rural”.
Cuáles son los criterios científicos al respecto “cuando las cifras de daños al ganado y a la población confirman que existe un problema grave de convivencia con el lobo”, por qué el Gobierno no ha presentado aún la Estrategia para la Conservación del Lobo en España y si el Ejecutivo considera que prohibir la caza del lobo protege la ganadería extensiva u otras actividades propias del mundo rural son otras preguntas.
