Castilla y León es la séptima comunidad con un mayor privatización de la atención sanitaria, según la FADSP

Ical

Castilla y León presenta un grado intermedio de privatización del servicio de atención sanitaria puesto que ocupa, junto con Aragón, el séptimo puesto en el listado de comunidades autónomas, que presentó hoy en Madrid la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). No obstante, este segundo estudio detecta un descenso del gasto público dedicado a los contratos con centros privados en la autonomía.

Asimismo, el informe otorga a Castilla y León 16 puntos de los 25 posibles, lo que supone un resultado ligeramente superior a la media del país, que se sitúa en los 15,65 puntos. Entre las comunidades con un elevado grado de privatización se encuentran Madrid (23) Cataluña (22) y Galicia (19) y en la cola de la privatización están Asturias (13), Castilla-La Mancha (once) y Extremadura (nueve), aunque la FADSP, alertó de que “el proceso de privatización continúa en prácticamente todas las comunidades”.

El estudio evalúa aspectos de aseguramiento, financiación privada o porcentaje de gasto sanitario público dedicado a la contratación con los centros privados, con datos correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014. En el caso de Castilla y León, se observa que el porcentaje de población cubierta por mutualidades de funcionarios es similar al obtenido en el estudio anterior, situándose en el 6,58 por ciento.

En cuanto al gasto per capita invertido en seguros privados aumentó en diez euros, pasando de 103 a 113 euros por persona y año. También ascendió el gasto de bolsillo (gasto individual del ciudadano en medicamentos y atención sanitaria) que pasa de los 375 euros anuales a los 429. Sin embargo, disminuyó el número de camas privadas, que se sitúa por debajo del 25 por ciento. También descendieron los niveles de gasto sanitario dedicado a contratación por centros privados y el porcentaje de equipamiento de alta tecnología en hospitales privados.

Fuentes de la plataforma denunciaron que el gasto sanitario privado “se ha incrementado en un 7,3 por ciento en el último año” debido a los copagos y a los recortes en sanidad pública. Y es que según el portavoz de la FADSP, Marciano Sánchez, “si se deteriora el sistema público se produce un incentivo para que las personas que se lo pueden permitir busquen una alternativa en el sector privado”.

Falta de transparencia

Por otra parte, Sánchez explicó que las cifras de contratación del sistema público con el sector privado están infraestimadas tanto por la presencia del modelo Muface, que dedica fondos públicos a financiar seguros privados, como por la existencia de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado. A su juicio, de esta forma las partidas aparecen incluidas en los presupuestos de los centros públicos.

No en vano, la Federación advirtió de que el nivel de privatización es en realidad “francamente mayor” que el reflejado por el informe, ya que sostuvo que no hay datos fiables en los que se pueda confiar. Así, denunció una vez más la falta de transparencia informativa, “uno de los grandes déficit de nuestro sistema sanitario” y confió en que las próximas elecciones traigan consigo cambios de gobierno que puedan poner en marcha auditorías para hacer públicos los datos.

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