Castilla y León obtiene el primer 10 en materia de dependencia

Ical

El Sistema de Atención a la Dependencia de Castilla y León se convierte en el primero de España en conseguir un 10 y lograr como la mejor valoración del conjunto de las comunidades. El XIV Dictamen del Observatorio de la Dependencia que elabora la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales destaca, de esta manera, el trabajo de la Junta en la gestión de la dependencia que consiguió su primer sobresaliente en diciembre de 2011.

Tras Castilla y León, aparece País Vasco (con un 7,5) y Andalucía (7,1) que es la comunidad donde más aumenta la puntuación respecto al anterior análisis. Más alejados pero también aprobando aparecen Extremadura (6,7) y La Rioja (6,3) mientras que hay tres autonomías (Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha) que logran un cinco. Por el contrario, suspenden el resto. La Comunidad Valenciana y Canarias obtienen el peor registro del país con un 1,7 cada una. La media nacional según el citado estudio también suspende, con un 4,79.

El observatorio coloca a Castilla y León a la cabeza en algunos parámetros como el porcentaje de beneficiarios del sistema de dependencia sobre el total de la población (2,49 por ciento sobre una media nacional del 1,56 por ciento) o el de personas con derecho que están pendientes de atención (0,8 por ciento frente al 18,7 por ciento de España).

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denuncia los recortes en la financiación estatal por la supresión del Nivel Acordado y el recorte del Nivel Mínimo (13 por ciento) aprobados mediante Real Decreto Ley 20/2012, que, según sus cálculos, han supuesto para un quebranto económico acumulado de 1.409 millones de euros en los tres últimos años para las comunidades. En el caso de Castilla y León, el recorte habría supuesto en ese periodo 108,9 millones de euros, a lo que hay que sumar el descenso del dinero para las personas dependientes con prestación por cuidados familiares.

Una desinversión que la entidad considera que ha dejado en una “dificilísima”posición a todas las comunidades autónomas sin excepción, que son la responsables últimas de la atención o desatención que prestan a las personas dependientes. Andalucía, con una merma de 342 millones, y Cataluña, con 240 millones, son las Comunidades más perjudicadas por esta merma en la financiación estatal.

“Graves” diferencias

El último informe aprecia “graves” diferencias entre la gestión de una y de otras comunidades autónomas. “Especialmente se aprecia que las que tenían un recorrido mínimamente aceptable antes de 2012 (en velocidad de gestión y número de personas atendidas) han resistido relativamente bien el severo impacto de las reformas. Por el contrario, las comunidades que llevaban un retraso considerable no han podido mejorar en este escenario de restricción presupuestaria, lo que las ha llevado sin remisión a desatender a las personas dependientes”, apunta.

Otro de los puntos recogidos en el estudio es el gasto público en dependencia por habitante y año, con 138,71 euros en Castilla y León. La Comunidad se sitúa en cuarto lugar por detrás de Cantabria (184 euros), País Vasco (159 euros) y La Rioja (144 euros). Todas ellas están muy por encima de la media nacional donde el gasto es 104 euros.

Además, Castilla y León es una de las tres regiones donde aumenta el número de expedientes de Grado III en el último año, con un incremento del 1,3 por ciento. Se sitúa tras Murcia, donde sube un 7,6 por ciento, y Navarra, con un 2,1 por ciento.

Etiquetas
stats