Castilla y León, Asturias y Aragón piden más tiempo para una verdadera transición energética justa
Los presidentes de las comunidades autónomas de Castilla y León, Aragón y Asturias coincidieron hoy con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la necesidad de “construir una nueva realidad económica” que genere una energía más limpia. Sin embargo, los tres representantes autonómicos ahondaron en que se flexibilicen los plazos y en mantener el modelo existente hasta que esa nueva economía esté consolidada.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, abogó porque esa transición sea “acompasada” y se mantengan los aprovechamientos de la realidad existente hasta que exista esa alternativa. “Lo que no podemos hacer es prescindir de la realidad actual” señaló.
Herrera, junto con Javier Lambán y Javier Fernández, que representan las comunidades mineras del país, mantuvieron este miércoles en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica un encuentro con la ministra, Teresa Ribera, a escasos tres días de que concluya el plazo dado para el cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018.
“Lo que estamos pidiendo es estabilidad, ideas claras, plazos y objetivos claros para que no haya incertidumbre”, pronunció, lo que permitiría la continuidad de aquellas explotaciones de carbón que sean rentables y competitivas, y devuelvan las ayudas que recibieron para el cierre de las instalaciones.
De hecho, mencionó que una de las minas de la Comunidad, la de Hijos de Baldomero García de El Bierzo, está trabajando ya con el Ministerio para ver la fórmula y los plazos para mantener la actividad, para lo que resaltó que eso tiene que acompañarse con tener quien le compre el carbón “de forma estable”. Es por eso que pidieron la continuidad tanto de la actividad de las explotaciones más allá del 31 de diciembre de este año, así como la de las centrales térmicas que queman ese carbón para más allá del 30 de junio de 2020 y llevarlo hasta 2030 como señaló la UE, fecha que se fijó además por muchas compañías para compensar la amortización de las inversiones ambientales exigidas por Bruselas.
Modificar eso, consideró Herrera, es dar a las compañías el pretexto para “ir a la ventanilla de cierre”, algo que manifestó “no podemos consentir”. Este horizonte permitiría “acompasar” la actual realidad a la nueva. “Lo que no puede ser es que todo se cierre en 2019 y 2020 y no tengamos construida ninguna alternativa” subrayó, porque “estaríamos condenando los sectores actuales y a la despoblación a las comunidades autónomas”.
Para el presidente de Aragón, Javier Lambán, la transición tiene que producirse pero “no puede ser justa si en 2020 se cierran abruptamente las centrales sin alternativas consolidadas realmente”, por lo que apostó por “alargar la vida de las centrales mientras se construye la alternativa”. También el presidente de Asturias, Javier Fernández, consideró que la nueva realidad “no puede realizarse colapsando la exitente”, por lo que estimó alargar los plazos “mucho más que 2020”, aunque sin concretar una cifra.
El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, coincidió en que la idea es hacer una “transformación” de las comarcas mineras “y no una desaparición del sector”, pero quiso dejar claro que “no es el Ministerio el que está poniendo los plazos” para los cierres de las centrales ni de las explotaciones mineras. En este sentido se comprometió desde el Ministerio a trabajar de manera conjunta y coordinada por medio de unos planes de transición que, según incidió, “no la hacemos nosotros, la hace la UE”.
Abascal valoró el encuentro por “el reconocimiento de la realidad” en una reunión “centrada en el futuro”, aunque rechazó que el Ministerio pueda diseñar o influir en los planes empresariales de las compañías sujetas a esos plazos, a las que sí que recordó que “no hay una obligación de cierre, sino una obligación de reducción de emisiones”.
Sí que se comprometió a estar al lado de las comunidades autónomas para el impulso y desarrollo de las comarcas mineras, y puso como ejemplo el caso de la Ciudad de la Energía de Castilla y León en Ponferrada, Ciuden, como elemento de dinamización de esas zonas. De hecho, se trabajará con grupos profesionales de trabajo en los que participará el Ministerio para ese impulso a las comarcas “para que la vieja economía dure todo lo que pueda durar”, llegó a decir Abascal.
Medidas urgentes
La reunión se produjo después de que el pasado día 21 de diciembre el Consejo de Ministros aprobara, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, el Real Decreto-ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras con el que se pretende dar respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga al cierre antes del 31 de diciembre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018.
Según informó el Ministerio en nota de prensa, en términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores y la creación de una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados, en la que también podrán participar los trabajadores de las subcontratas. Esta bolsa de trabajo será gestionada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras - organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica – que en particular, gestionará el acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas.
Esta bolsa facilitará el acceso a cursos formativos y de orientación -siempre en coordinación con los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas-. Se trata de planes enfocados a orientar a los trabajadores hacia los nuevos yacimientos de empleo relacionados, principalmente, con la transición energética planteada por el Gobierno.
El acuerdo recoge la asignación, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, de 100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de emisión de efecto invernadero, que serán destinados a las políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático.
