Bruselas fija en un 10% el límite de subvenciones públicas a proyectos empresariales en Castilla y León
Castilla y León podrá subvencionar hasta el diez por ciento de un proyecto para atraer la inversión de empresas en el período 2014-2020. Soria, sin embargo, está considerada “zona poco poblada” y por ello se rige por normas específicas, que fijan el nivel máximo de subsidios en el 15 por ciento. Así lo establece el mapa de ayudas regionales de España, aprobado hoy por la Comisión Europea. Un documento que fija las condiciones en las que cada estado miembro puede conceder ayudas públicas a las empresas para desarrollar una determinada región, impulsando el crecimiento y la cohesión en el mercado único.
En cualquier caso “estos porcentajes pueden incrementarse en diez puntos porcentuales para las empresas medianas y en 20 puntos porcentuales para las pequeñas empresas”, apunta la Comisión.
Este mapa establece los importes máximos de los subsidios públicos que las empresas podrán recibir entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, basándose en la riqueza de la región donde están establecidas. O dicho de otro modo: el marco establecido por la CE prioriza la concesión de financiación a las áreas más desfavorecidas del continente.
Así, las ayudas públicas podrán suponer hasta el 35 por ciento del total de inversión en Canarias –puesto que se trata de una región ultraperiférica- y el 25 por ciento en Extremadura, debido a que es una las regiones más pobres de la Unión Europea, con un nivel de riqueza que está por debajo del 75 por ciento de la media.
Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía, cuyo PIB deja de estar en este periodo por debajo del umbral del 75 por ciento, tendrán un régimen transitorio, de manera que podrán recibir hasta un 15 por ciento de ayudas de aquí a 2017, y hasta un diez por ciento a partir de entonces.
El resto de autonomías del Estado, incluyendo a Castilla y León, podrán acogerse a ayudas regionales a la inversión de hasta el diez por ciento debido a su elevada tasa de desempleo.
Según lo dispuesto en este mapa, el 68,66% de la población española vive en regiones susceptibles de recibir ayudas públicas en lo que queda de década, frente al 59,6 por ciento del esquema anterior.
