El auto de apertura de liquidación de Antibióticos ve “totalmente inviable” la empresa en manos de su actual titular

Ical

El auto emitido por un juzgado leonés apunta que procede llevar a cabo la apertura del proceso de liquidación de Antibióticos, entre otros argumentos, porque la actual situación de la empresa la hace “totalmente inviable en manos de su actual titular” -la familia Pucci-. De hecho, argumenta, la propia compañía reconoce carecer de capacidad económica para relanzar la actividad y basa su plan de viabilidad en la entrada de un socio inversor, con una aportación de hasta 19 millones.

El auto considera “no conveniente, sino urgente” poner fin a la compañía, tanto porque se constata la absoluta paralización de la actividad y la falta de recursos para reanudarla y mantener las instalaciones como porque se ve necesario reducir las expectativas de cobro de los acreedores vinculada “a la generación de créditos contra la masa”. También, se incide en el progresivo deterioro de las dependencias de la factoría.

En ese sentido, se alude a un informe elaborado por el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona, que apunta el estado de abandono y recomienda la entrega de los productos químicos, tóxicos y peligrosos, así como los residuos almacenados a empresas autorizadas. El documento señala además que no puede admitirse la propuesta de convenio presentada, tanto por el incumplimiento de la compañía de identificar las condiciones de la inversión a la que se alude como por su incompatibilidad con el proceso de liquidación que se considera necesario.

Los argumentos se resumen en que la autoridad judicial plantea la apertura de liquidación basándose en la situación actual de total inactividad, la imposibilidad de retomarla, el estado de abandono del recinto, la falta de atención de los propietarios a los gastos mínimos mensuales, el incremento paulatino de la deuda que se mantiene con los trabajadores y la necesidad de un inversor para poder reflotarla.

Antibióticos cuenta en la actualidad con una plantilla cercana a los 300 trabajadores y acumula una deuda que ronda los 50 millones de euros. La compañía presentó en mayo del pasado año el concurso voluntario de acreedores y desde entonces se han sucedido expedientes reguladores; el más reciente, un ERE de suspensión, al que se dio el visto bueno a principios de este mismo año y con el que se evitaba el de extinción propuesto por los administradores concursales, que estaba previsto para 180 trabajadores.

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