Asaja critica que las administraciones 'echen' a los agricultores apoyando parques solares

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Agencia ICAL

La Asociación de Jóvenes Agricultores de León lamentó este martes que ninguna administración pública apoye a los agricultores de la provincia que se están viendo afectados por los expedientes de concesión de terrenos comunales de las juntas vecinales para la construcción de macroparques de placas de energía solar fotovoltaica.

Esto provoca que “muchas juntas vecinales o ayuntamientos les están expulsando de unas tierras que se han destinado a lo largo de la historia a labores agrícolas y que por lo general se ha hecho mediante aprovechamiento comunal por el sistema de lotes o suertes”.

Tal y como explicó Asaja, la pérdida de la superficie de cultivo, junto a las ayudas de la Política Agraria Común vinculadas a esa superficie, que ya se está materializando en determinadas zonas, “está obligando a los agricultores a replantearse su permanencia en la profesión, ya que la explotación deja de ser viable”, de manera que “en algunos casos estos agricultores se encuentran con fuertes inversiones en maquinaria todavía no amortizadas para las que ahora no tienen terreno para cultivar”.

Ante esta situación, la Asociación agraria criticó que “las administraciones públicas y los políticos de todo signo se apunten a la moda de este tipo de energías y que no vean los inconvenientes” ni siquiera “cuando se pisotean los derechos de los agricultores locales absolutamente indefensos”, así como que “no se considere que es un impacto ambiental negativo como pocos ver el paisaje rural sembrado de espejos y de tendidos eléctricos”.

Asaja consideró que las tierras agrícolas de las juntas vecinales y ayuntamientos deben seguir cumpliendo ese fin y abogó porque “no se permita el cambio de uso cuando se someta a la valoración de la Comisión Provincial de Urbanismo” y advirtió que votará siempre en ese sentido como miembro que es de la misma, al tiempo que aconsejó a los agricultores afectados que se organicen en plataformas desde las que “poder hacer valer sus derechos recurriendo todas las decisiones administrativas que tengan como finalidad la implantación de parques solares en fincas rústicas”.

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