Anticorrupción investigará el contrato de mascarillas del que cobró el hermano de Ayuso
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación por la adjudicación de un contrato de 1,5 millones de euros en plena pandemia a un amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del que habría obtenido una comisión el hermano de ésta, avanzan a elDiario.es fuentes fiscales.
Anticorrupción abre así unas diligencias de investigación para intentar esclarecer si hay indicios suficientes para la presentación de una querella. Las fuentes consultadas centran estas diligencias de investigación en la adjudicación del contrato, así como en los movimientos bancarios y declaraciones fiscales de Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta.
En el caso de que esta investigación preliminar encontrara indicios contra Isabel Díaz Ayuso, la querella debería presentarse ante el Supremo, tribunal ante el que está aforada la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El 1 de abril de 2020, en la peor fase de la pandemia, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid cerraba un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas, un material de protección escaso ante un virus de dimensión mundial. Según desveló elDiario.es en noviembre pasado, ese contrato fue adjudicado a dedo a la empresa de un amigo de la infancia de la presidenta y de su hermano Tomás.
Las investigaciones abiertas por la Fiscalía tienen sus limitaciones. El artículo 5 del Estatuto del Ministerio Fiscal establece que puede poner por su cuenta diligencias en marcha aunque sin adoptar ningún tipo de medida cautelar contra los investigados. La Fiscalía, además, tiene capacidad para tomar declaración “al sospechoso”, dice este mismo Estatuto, y no es ilimitado: la duración de esta investigación debe ser “proporcionada” y no puede durar más de seis meses aunque se puede prorrogar si es un caso especialmente complejo.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto las diligencias de investigación a partir de las denuncias de PSOE y Más Madrid de la semana pasada. Hasta ese momento, Anticorrupción no había recibido alerta o denuncia sobre las posibles irregularidades en la adjudicación y la comisión del hermano de Ayuso, confirman las fuentes fiscales consultadas.
La Fiscalía tiene ahora seis meses para tomar declaración a quien considere que está implicado en este caso, desde el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid hasta la empresa que se llevó el contrato pasando por las autoridades que intervinieron en la adjudicación. Una vez terminadas las diligencias, si ve indicios de delito tendrá que presentar una denuncia ante los juzgados o archivar el caso.
