Las 18 administraciones leonesas que pasaron olímpicamente del Procurador del Común en 2016

El Procurador del Común, Javier Amoedo. Foto: Rubén Cacho/Ical

Antonio Vega

El pasado mes de diciembre el Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, se quejaba de que la provincia donde tiene su sede la institución autonómica es precisamente la que tiene más administraciones que incumplen el deber de informar al 'defensor del pueblo' de la Comunidad. En la 'lista negra' de entidades calificadas como 'no colaboradoras' hay 102 de la provincia de León por no informar a este órgano cuando así se requiere. Una cifra que sube a 160 si se habla de entidades que no contestan a las resoluciones y recomendaciones hechas por el Procurador.

Pero el año pasado fueron un total de 16 administraciones las que evitaron responder a resoluciones del Procurador del Común sobre algún asunto que dictaminó el organismo. La encabeza la primera institución, la Diputación Provincial, a la que siguen una docena de ayuntamientos, algunos de ellos incumplidores en varias ocasiones: Villaturiel, Valderrueda, San Andrés del Rabanedo, Astorga (2), Encinedo, Villarejo de Órbigo, Cármenes, Villoria de Órbigo, Villaquilambre (3), Corullón, Vega de Infanzones (2) y Castrocalbón (2). Además tres Juntas Vecinales también se negaron a responder a qué iban a hacer ante las resoluciones del 'defensor del pueblo': Villameca, Villoria de Órbigo (2), Alija de la Ribera (3).

El Procurador del Común tiene la misión encomendada por las Cortes autonómicas de “defender y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos y los derechos y principios reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, para lo cual puede supervisar la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, de los Ayuntamientos y Diputaciones castellanos y leoneses, y de los diferentes organismos que dependan de ellas”. Una supervisión, que a la vista de los datos, muchas entidades quieren evitar. Cabe recordar que este organismo tiene actualmente también encomendadas las funciones de supervisión de cumplimiento de la Ley de Transparencia en la Comunidad.

'Pasotismo' sin respuesta

La calificación de entidad 'no colaboradora' a la Diputación de León surge por la no respuesta del Procurador del Común a una resolución sobre los medios materiales y personales del siempre polémico Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la institución. Cabe recordar que ambas instituciones tuvieron una 'gresca' recientemente a raíz de dar a conocer el Procurador del Común una resolución en la que instaba a la Diputación a eliminar la tasa que cobraba a los ayuntamientos por medir el ruido, algo que sentó mal al órgano provincial y dio a conocer en un comunicado.

El ayuntamiento que más ha obviado las resoluciones del Procurador ha sido el de Villaquilambre, que lo ha hecho hasta en tres ocasiones en el pasado año. Los asuntos eran todos del ámbito urbanístico. Un caso curioso ha sido el de San Andrés del Rabanedo, que no dio respuesta a una resolución del Procurador sobre la falta de pago de un premio de un desfile de Carnaval. Todos los asuntos por lo que no hay contestación son públicos en la web del Procurador.

A mayores de estas 16 instituciones que obvian las resoluciones del Procurador ha habido otras dos que ni siquiera han contestado a los requirimientos de información previos a cualquier resolución ante una queja. Son el Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo sobre un asunto de daños y perjuicios por un poste de la luz y la Junta Vecinal de Pozos (municipio de Truchas) sobre la información económica y de reuniones de la entidad local. Dos casos de mayor gravedad que no contestar a resoluciones del Procurador porque ni siquiera le facilitaron información sobre algún asunto planteado por un ciudadano.

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