Actualidad Actualidad
Actualidad

Infraestructuras: obras pendientes

El embrollo administrativo bloquea el parque logístico de Torneros mientras Junta y Gobierno se culpan mutuamente

La evaluación de impacto ambiental que debe santificar el primer proyecto de obras después de 14 años de anunciarse la Plataforma Intermodal para situar a León como núcleo logístico enfrenta a ambas administraciones y dilata su arranque real, que ya podría culminar sólo en el año 2024.

plataforma logística intermodal torneros economía grulleros león sepes suelo industrial provincia
Terrenos que esperan desde que se anunció la Plataforma Intermodal en 2007 y se adquirieron en 2010.
Carlos J. Domínguez | 03/02/2022 - 10:00h.

Parece maldito. O en su defecto, objeto de constante batalla política repleta de trabas y escasa diligencia. Pero el caso es que aunque casi todo está muy avanzado para que llegue el día de conseguir ver la primera máquina trabajando en lo que debe ser la Plataforma Logística de Torneros, vital para el futuro económico de León, prometida ya hace la friolera de 14 años, un nuevo embrollo administrativo sigue frenando ese arranque.

Se trata de un enroque que compromete a día de hoy a dos partes: Junta de Castilla y León, en concreto a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que dirige el consejero leonés en funciones Juan Carlos Suárez-Quiñones; y Gobierno de España, específicamente la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Hace ya cuatro meses, en octubre de 2021, que se inició el necesario trámite ambiental del proyecto de urbanización en lo que ha de convertirse en el polígono logístico y de transportes de Torneros-Grulleros. Es decir, de la hoja de ruta de las primeras obras para convertir en las 173 primeras parcelas para empresas un espacio de 821.216 metros cuadrados de terreno neto, del total de casi 200 hectáreas disponibles, así como acometer los principales servicios, de conexión a internet hasta agua.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su participación en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, que se celebra por videoconferencia en Ponferrada. / César Sánchez / ICAL
El consejero de Fomento y Medio Ambiente ahora en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones. / César Sánchez / ICAL

La Entidad Estatal de Suelo (Sepes), que adquirió este terreno y promueve las obras, trasladó ese proyecto -del que lleva esos cuatro meses negando detalles a ILEÓN- a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Le pedía la Evaluación de Impacto Ambiental simplificada del proyecto de obras. La Junta ha admitido que, siendo el plazo para resolver de "tres meses desde la solicitud de inicio", ese visto bueno ambiental debería haber estado listo el pasado 20 de enero. Es decir, que el departamento de Suárez-Quiñones no ha cumplido, como denunció públicamente el líder del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón.

Una culpa de ida y vuelta

Sin embargo, en plena liza electoral autonómica, la Consejería asegura que la culpa es del Gobierno, precisamente. Lo justifica en que para emitir la evaluación ambiental del proyecto de obras de Torneros, necesita los informes que ha pedido a numerosos organismos, entre ellos a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Pero no sólo: también a la propia Junta (áreas de Fomento, Cultura y Patrimonio, Agricultura y Ganadería y Gestión Forestal), Diputación de León, Subdelegación del Gobierno en la provincia, Protección Civil, Ecologistas en Acción y los dos ayuntamientos leoneses implicados, como son Onzonilla y Vega de Infanzones.

El caso es que para contestar, todas las entidades disponen por Ley de un plazo máximo de 20 días hábiles para responder con sus respectivos informes. Como a CHD se le pidió por registro su informe del proyecto el 1 de diciembre, según cifras que facilita oficialmente la Consejería, Confederación debería haberlo entregado el 28 de ese mes, cuatro días antes de que acabara el año.

Y si una cosa es segura, porque es en lo único en que coinciden Junta y CHD, es que ese informe sobre la posible afección o no a las aguas en la zona de Torneros donde se han de ejecutar los primeros trabajos no se ha realizado ni entregado. Así, la Consejería aduce que el retraso se sólo achacable al departamento gubernamental.

¿Quién ha contestado en el proceso y quién no?

Pero, ¿han contestado los demás organismos, y por lo tanto hay más culpables según la versión de la administración autonómica, o es CHD la única que no? Fuentes de Fomento y Medio Ambiente aseguran que "hay organismos que por el contenido del proyecto a evaluar no contestarán", como ha ocurrido con la propia Diputación o Ecologistas. "A día de hoy contamos con los informes ambientales y de Urbanismo, que, junto con el de la Confederación Hidrográfica del Duero, cuando se reciba, los consideramos suficientes para emitir el Informe Ambiental del proyecto".

Sin embargo, ahora CHD da la vuelta a la tortilla y devuelve la culpa a la Junta. ¿Cómo? Defendiendo, con el artículo 46 de la Ley de Evaluación Ambiental que se resume en que si en el plazo de 20 días hábiles disponibles para elaborar el informe y contestar esto no se produce, como es el caso, la Junta debe entender que es no se ha observado ninguna afección relevante y puede y debe continuar con el trámite ambiental. Como si se tratara de una especie de 'silencio administrativo'.

Tres informes ya

Fuentes de Confederación aseguran que la zona, y el proyecto general de la Plataforma Logística Intermodal de Torneros, ya ha sido sometida a tres informes ambientales previos a su estudio y que "con ellos es suficiente", por lo que "la Junta no necesita ningún nuevo informe nuestro".

De ser así, sería la Junta la que tiene la culpa del retraso. Ciertamente, el Plan Especial de Torneros ya recibió de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta en el año 2014, hace ocho, una Declaración de Impacto Ambiental faborable sobre "la ordenación detallada del sector de suelo urbanizable PR-6.

Dos años de retraso sólo para arrancar

Al final, lo cierto es que a estas alturas el proyecto de construcción de parcelas y urbanización de la zona, es decir, las primeras obras en Torneros, ya suman hoy dos años de retraso. El Sepes ya duplicó el pasado mes de septiembre los plazos iniciales que tenía para culminar un proyecto de urbanización, que fue adjudicado en abril de 2021 a las empresas Uxama Ingeniería y Arquitectura, S.L.P.U. y Omicron-Amepro, S.A, reduciendo su coste a la mitad, con 151.250 euros finales frente a una licitación de más de 300.000.

Pruebas de carga en el puente de alta velocidad de Torneros / ICAL
Transporte Pruebas de carga en el puente de alta velocidad a su paso por Torneros. / ICAL

Entonces se afirmó que, mientras llegaba el polémico visto bueno ambiental, el Sepes podría ir impulsando el trámite más importante: la adjudicación de las obras de urbanización, y que ambos estuvieran en "el primer semestre del año 2022", es decir, entre enero y junio de este año. Así, con entre dos y dos años y medio de ejecución, el escenario más favorable ya alargaría hasta el año 2024 el plazo más razonable para que el gran polígono de transportes cobre forma inicialmente. Pero cada enroque administrativo como el actual sigue estirando esas expectativas.

Imposible conocer el presupuesto previsto

Sin embargo, a día de hoy, y a pesar de haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado, se desconoce el dinero específico que el Sepes destinará este año a lo que dé tiempo a ejecutar en la Plataforma leonesa. En la pasada anualidad fueron 4,3 millones los reservados y se gastaron apenas los 150.000 de la elaboración del proyecto de urbanización. ILEÓN no ha conseguido en cuatro meses obtener una respuesta de cuál es la reserva presupuestaria, como tampoco los detalles concretos de lo que el proyecto dicta que se ejecutará, y en qué plazos. Es total el oscurantismo de la entidad pública de suelo estatal.

El cómputo global que siempre ha aireado el Sepes que será necesario para echar a andar Torneros ha sido siempre de 50 millones, de los 70 anunciados en 2007 por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. De ellos, el Ministerio cifra que se ha invertido ya 11 millones, incluyendo ahí los 8,5 millones desembolsados en la compra de los terrenos a los municipios de Onzonilla y Vega de Infanzones, previo al convenio firmado con ellos y la Junta de Castilla y León en el año 2010.

publicidad

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Deja tu comentario
publicidad
publicidad