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El Procurador del Común recomienda a las diputaciones descentralizar el Servicio de Asistencia a Municipios

Tomás Quintana propone en una actuación de oficio adoptar diferentes medidas como crear oficinas técnicas de telecomunicaciones, desconcentrar los servicios por áreas territoriales y la contratación de la redacción de proyectos y direcciones de obra de las entidades locales.

Sede del Procurador del Común en Sierra Pambley
La sede del Procurador del Común.
Agencia ICAL | 27/01/2022 - 16:30h.

El Procurador del Común inició una actuación de oficio sobre el Servicio de Asistencia a Municipios de las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León, tanto en sus vertientes jurídica, económica y técnica, así como sobre la regulación de su organización y funcionamiento, tras lo que recomendó a todas ellas que refuercen estos servicios a través de diferentes medidas.

En primer lugar, se instó a aquellas diputaciones que carecían de un Reglamento Regulador del Servicio, como son las de Ávila, Burgos, Palencia y Valladolid, a que consideren la conveniencia de proceder a su aprobación, con la finalidad de disponer de un instrumento normativo en el que se establezca una regulación detallada de la forma en que cada una de ellas ha de prestar la colaboración requerida, y donde se contemplen los plazos para la realización de las actuaciones y la emisión de los informes que se le soliciten por los entidades locales, según informó el Procurador del Común en un comunicado remitido a Ical.

Mientras, a las instituciones provinciales que ya contaban con este instrumento, como son las de León, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, se les sugería su actualización con la finalidad de mejorar la operatividad y el funcionamiento del Servicio de Asistencia.

Oficinas por áreas territoriales

A todas las diputaciones, excepto a la de Zamora que ya lo contemplaba, se les indica que valoren la conveniencia de establecer oficinas de asistencia desconcentradas por áreas territoriales homogéneas dentro de cada provincia, considerando la amplitud de los territorios provinciales, el gran número de pequeños entes municipales y, en algunas provincias de la Comunidad, la existencia de numerosas entidades inframunicipales.

Además, se propuso incluir la asistencia letrada en procedimientos judiciales a aquellas entidades locales que lo requieran. Esta recomendación se dirigió a las diputaciones de Ávila, Burgos, León y Palencia, mientras que a otras, en particular a aquellas que ya lo tenían establecido (Salamanca y Soria), se les instaba a ampliar los parámetros fijados por tramos de presupuesto y población para que otros municipios pudieran acogerse a ese servicio, de forma que sean más entidades las que tengan la posibilidad de solicitarlo, en orden a disponer de esta asistencia de forma más amplia y con la mayor eficacia y eficiencia posibles.

Oficina Técnica de Telecomunicaciones

Asimismo, se ha propuesto que sea valorada la creación de una Oficina Técnica de Telecomunicaciones dedicada a realizar mediciones de cobertura de TDT e internet, a solventar incidencias de telecomunicaciones, la política provincial de seguridad, las certificaciones de los ayuntamientos en el esquema nacional de seguridad, en materia de protección de datos, prestación del servicio de Delegado de protección de datos a los municipios, y otros asuntos.

La posibilidad de formalizar un convenio con los colegios provinciales de secretarios, interventores y tesoreros para garantizar la prestación de las funciones públicas reservadas a los funcionarios de habilitación con carácter nacional en las entidades locales, en los casos de enfermedad, vacaciones y exenciones del puesto de Secretaría-Intervención, constituye igualmente una propuesta que se realiza a todas las corporaciones provinciales de la Comunidad, a excepción de Valladolid que ya lo había suscrito, con objeto de atender estas necesidades que presentan muchos pequeños municipios.

Incorporar en la cartera de servicios de las Diputaciones la tramitación de los expedientes de competencia municipal, en razón de la capacidad de los municipios, relativos a la restauración de la legalidad urbanística, los sancionadores en la misma materia, los de ruina y de órdenes de ejecución, también figuró en la Resolución emitida como propuesta dirigida a las que no lo tenían establecido, o bien lo habían hecho de manera parcial.

También se pidió que se valorara, en los términos anteriores, integrar en la cartera de servicios la contratación de la redacción de proyectos y direcciones de obra de las entidades locales, o bien que esta asistencia se pudiera proporcionar con medios propios, a través de técnicos pertenecientes a la plantilla de cada institución provincial, recomendación que se dirigió a las Diputaciones de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y  Valladolid.

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