Mayores y del mundo rural, los 'olvidados' de una banca que pretende solucionarlo con más digitalización
La exclusión financiera era un término que se solía aplicar antiguamente a personas con pocos recursos y/o formación que no eran clientes de los servicios bancarios por diversas razones. Ahora se aplica a las personas que no tienen acceso fácil a una oficina bancaria, como sucede en la mayoría de los municipios de la provincia de León, afectados por los cierres sistemáticos de oficinas bancarias que viene aplicando el sector desde la crisis financiera del 2008.
Una iniciativa de un hombre de 78 años a través de Change.org, que lleva más de 378.000 firmas, ha puesto el foco sobre los problemas que las personas mayores se encuentran a la hora de ser atendidos en las escasas oficinas ahora abiertas y que tengan cerca. Los límites de horarios para hacer ciertas acciones y la 'digitalización' para que el propio cliente haga operaciones por las aplicaciones o cajeros automáticos chocan con realidad, que el uso de tecnologías complejas no es tan sencillo y su aprendizaje a personas mayores es una dificultad que si tiene una solución rápida, con le ayuda de una persona del personal bancario que si sepa hacerlo, tal y como se hacía antes.
El Gobierno ha reunido esta semana a la banca y al Banco de España para pedir a los bancos información sobre medidas para evitar la exclusión financiera de los mayores, solicitando información “sobre la efectividad de las medidas que el sector bancario ya ha puesto en marcha”. Para ello se ha acordado que el Observatorio para la Inclusión Financiera realizará un diagnóstico de la situación y en el plazo de un mes las patronales bancarias revisarán su 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca' para plantear “así nuevas soluciones para garantizar la inclusión financiera de nuestros mayores”.
Se trata de un documento de apenas 14 páginas en el que la banca apenas menciona de forma somera que hay que impulsar la digitalización de los mayores, sobre todo en el entorno rural, para llevar a cabo esa inclusión financiera, junto a otras medidas como “sistemas de cash in shop, autobuses, cajeros en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, servicios multicanal que permitan atender toda la operativa por canales telefónicos o digitales”.
En un mes habrá que ver cuáles son las propuestas de la banca para evitar estos hechos que afectan especialmente a la provincia de León, una de las más envejecidas del país. Un informe del Banco de España sobre cómo afecta la distribución de la infraestructura de efectivo a sus usuarios en España señalaba que “las provincias de León, Salamanca y Zamora concentran la mayor parte de la población en municipios considerados de muy alta vulnerabilidad en el acceso al efectivo”. En la provincia leonesa el 17,6% de la población lo tiene muy difícil o difícil para hacer algo tan simple como sacar dinero.
Otro informe, este del IVIE, ya apuntaba, con datos de finales del 2019 en tiempos prepandemia, que 77.185 personas de la provincia de León no tenían acceso a una oficina bancaria en su municipio, una cifra que ha aumentado en estos dos años de pandemia ya que solo en el año 2020 la banca cerró más del 10% de su red de oficinas en la provincia de León, la mayoría de ellas en el mundo rural. Su cierre deja sin servicio fundamentalmente a la población mayor, que tiene más dificultades para acceder al resto de canales, provocando incluso manifestaciones en su contra como las que hubo en La Magdalena contra el cierre de la oficina de Abanca o protestas contra el fin del autobús de Unicaja que recorría más de 30 pueblos y ofrecía el servicio de oficina móvil.
Los principales bancos con presencia en León han seguido la estrategia de cierre de oficinas debido a sus EREs y fusiones, desde Abanca al Santander pasando por BBVA o Sabadell y Caixabank. Solo los de Caja Rural de Zamora han abierto oficinas en los últimos años, alguna incluso en el mundo rural como en Santa María del Páramo. Actualmente la cifra de oficinas bancarias abiertas en León, a falta de que se hagan públicos los datos del 2021, está en cifras de los años 70.
