La Fiscalía pide 42 años de cárcel y 239 millones al exviceconsejero de Economía de la Junta por la Trama Eólica
l exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado, se enfrenta a 42 años de prisión y multas de 239 millones de euros como principal acusado de la Trama Eólica.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral y ha formulado escrito de acusación contra 16 excargos de la Junta y empresarios a los que considera responsables y beneficiarios de la concesión irregular de las autorizaciones de los parques eólicos, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.
La macrocausa de la Trama Eólica, que empezó a instruirse en 2017, ha investigado durante estos años las mordidas o comisiones que recibieron altos y exaltos cargos de la Junta y empresarios por la agilización en la tramitación de parques eólicos entre los años 2000 y 2015.
Aunque es Delgado, alto cargo de la Junta entre 2003 y 2011, el acusado al que más delitos atribuye el fiscal, Tomás Herranz, (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y delitos contra la Hacienda Pública), deja muy claro que este actuó siguiendo las instrucciones del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva (que fue imputado si bien su responsabilidad penal se extinguió con su repentino fallecimiento), junto con el responsable de Iberdrola, Ricardo Bravo, también acusado y con el que ideó el plan para “exigir ilegalmente a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización que cedieran o permitieran la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenazas de no obtener la autorización, participación que requería ser próxima al 40 por ciento”.
Siguiendo esa trama, se seleccionaba y se favorecía ilegalmente a empresas pertenecientes a personas con las que tenía una especial relación, con quienes actuó “concertadamente”. Entre estas personas menciona a los hermanos Esgueva, Francisco y Alberto, este último exaltocargo de la Consejería de Economía, el director general de Deportes de la Junta hasta 2003, Andrés Martín de Paz, Germán José Martín Giraldo o los tres hermanos propietarios de la constructora Collosa, Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente Muñoz, para que se les transfiriese parques que se iban a autorizar.
El fiscal subraya que “salvo los hermanos Llorente Muñoz, ninguno de los citados empresarios, amigos de Rafael Delgado o de Tomás Villanueva, estaba interesado en participar activamente en el negocio eólico, como lo acredita el hecho de que su permanencia en las entidades promotoras fuera temporalmente muy corta (poco más de un año) e impropia de una inversión industrial, de de otra parte, que esa permanencia no supusiera ninguna aportación empresarial en las mismas”.
El fiscal pide que se abra juicio contra Delgado, Manuel Ordóñez Carballada, Jesús Rodríguez Recio, Alberto y Francisco Esgueva, Marc Nadelar, Germán José Martín Giraldo, César Hernández Chico, María del Mar Moreno Fernández, Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente Muñoz, Ricardo Bravo Sayas, Rafael Icaza de la Sota, Pedro Barriuso Otaola y Andrés Martín de Paz. También contra entidades, en este caso la Junta de Castilla y León, Iberdrola Renovables Castilla y León, Sinae Inversiones Eólicas, Grupo Empresarial Inverduero y Parque Eólico La Boga como responsables civiles.
Algunos de los parques por los que los afectados de la trama pretendían enriquecerse se iban a situar en la provincia de León, en concreto en la zona suroeste.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
