El juzgado investiga ahora dos contratos del Ayuntamiento de León a 'El Patatero' dentro de la trama Enredadera

Parque infantil del barrio de Cantamilanos en la ciudad de León

Antonio Vega

La investigación sobre las presuntas actuaciones delictivas de empresarios, políticos y funcionarios en la trama Enredadera sigue su curso, año y medio después de iniciarse la operación policial que tuvo medio centenar de detenidos.

Aunque la pieza separada que se investiga en los juzgados de León fue cerrada por el juez de forma provisional, a petición del fiscal, sin que se produjeran ni una sola declaración de los imputados el caso no está cerrado. Un nuevo informe de la UDEF ha obligado al fiscal y al juez a proceder a investigar dos contratos realizados por la empresa Agema Ingeniería y Servicios, propiedad de Ángel Luis García 'El Patatero', en el Ayuntamiento de León.

La UDEF emitió un informe al Juzgado de Badalona que lleva la pieza principal a finales de octubre en la que explica un sorprendente hallazgo, la documentación de dos contratos de la empresa Agema Ingeniería y Servicios en la sede de otra de las empresas implicadas, en la de Gespol, con quien a priori no existe relación.

Este llamativo hallazgo son dos contratos menores que la empresa de 'El Patatero' hizo con el Ayuntamiento de León. La carpeta fue localizada en los registros realizados en la sede de Pozuelo de Alarcón (Madrid) de la sociedad Aplicaciones Gespol, propiedad del imputado Roberto Legazpi. En las 23 páginas del expediente aparecen los contratos con el Ayuntamiento de León y las órdenes de pago municipales e incluso el DNI del empresario. Lo llamativo es por qué está toda esta documentación en la empresa Gespol, que en teoría nada tenía que ver con la sociedad Agema, cuya sede estaba en la localidad de Mansilla de las Mulas hasta el 2015 que fue trasladada a Madrid capital. La UDEF considera que el hallazgo es “esclarecedor de la estrecha relación entre los investigados Roberto Legazpi y Ángel Luis García”, reseñando que las empresas nada tienen que ver entre sí por su objeto social.

El juzgado de Badalona remitió el informe de la UDEF al juzgado de León que investigaba la causa al mismo tiempo que se ordenaba el cierre de la pieza leonesa, obligando a dar marcha atrás al fiscal Jorge Andújar y al juez Fernando Javier Muñiz Tejerina y por tanto seguir investigando presuntos chanchullos.

La Fiscalía ha pedido en un nuevo informe, a la vista de la aparición del expediente, que se proceda a “comrpobar los expedientes invocados a efectos de determinar si nos encontramos ante alguna de las variedades que podrían derivar en responsabilidad criminal”. En concreto pide que se analice si existido un fraccionamiento de contratos menores o si en el procedimiento se podía haber incurrido en un acto administrativo prevaricador, para lo que solicita que se analicen las grabaciones telefónicas de la causa para determinar si ha habido un posible concierto o ardir en la adjudicación de los contratos.

La investigación de la trama Enredadera sigue abierta en el juzgado de Badalona, que ha decretado otro año y medio más de pesquisas. En León, además de investigar estos contratos, se está pendiente de conocer el recurso de IU contra el cierre general de la causa, y en Astorga la Fiscalía pidió su archivo aunque el juez todavía no ha comunicado su decisión. Los abogados de los imputados han recurrido esta nueva investigación, aunque sólo afecta de manera concreta al empresario Ángel Luis García.

Dos contratos de poco más de 18.000 euros

Las adjudicaciones a Agema objeto de investigación son dos contratos menores de 18.316,73 euros y otro de 18.148,87 euros. Uno de ellos es de 'Suministro y colocación de cuatro juegos adaptados en el área infantil de la carretera Asturias-Barrio de Cantamilanos', adjudicado en diciembre de 2017. El otro es el 'Suministro e instalación de elementos para la práctica de calistenia en espacios libres de la ciudad de León', también adjudicado en diciembre de 2017.

Los juegos para el parque de la carretera Asturias corresponden a una de las obras más polémicas del pasado mandato en el que Antonio Silván dirigía el Ayuntamiento de León. Este parque infantil, una propuesta de Ciudadanos, encadenó varias polémicas por su ubicación a escasos metros de la vía de alta capacidad que une la capital con territorio asturiano.

El parque acabó siendo realizado a medias, como muestran las fotos de esta información, tras un informe del Procurador del Común que lo criticaba por no reunir requisitos de ubicación y accesibilidad, no instalando los elementos comprados a la empresa del Patatero, que según fuentes municipales, están almacenados a la espera de un nuevo destino.

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