El empresario Ulibarri niega ante el juez conocer a “nadie” de la trama Púnica, en la que también está imputado

José Luis Ulibarri

El empresario leonés José Luis Ulibarri, ya imputado formalmente en los casos judiciales de las tramas corruptas Gürtel y Enredadera, y procesado por la primera de ellas, ha negado hoy jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica que conozca ni Francisco Granados ni a ningún otro imputado en esta causa. De hecho, ha asegurado no saber nada del presunto pago de 109.733 euros a cambio de adjudicaciones.

Ulibarri, dueño de medios como Diario de León o la mitad de Radio Televisión Castilla y León, ha acudido hoy en Madrid ante el juez Alejandro Abascal, estrenándose en este caso como investigado (imputado) en el marco de la pieza número 8 de la trama Púnica. Se trata de la pieza en la que se investigan las actividades de Francisco Granados, principal imputado, en su etapa al frente de la Consejería de Transportes y de la de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

David Marjariza, el antiguo socio de Granados, ahora 'arrepentido' y colaborador, declaró ante el magistrado que personalmente él había mediado con diversas autoridades públicas a favor de la empresa Begar, una sociedad administrada en su día por José Luis Ulibarri, en diversos concursos públicos, según ha registrado el juez en su último auto sobre esta pieza, al tiempo que le declaraba imputado.

Sin embargo, en su declaración de hoy, la primera que protagoniza el magnate leonés, Ulibarri ha negado en redondo conocer ni al propio Marjaliza, ni tampoco a Granados, así como a otra persona vinculada a la trama Púnica, al menos en esta pieza número 8 de un escándalo que en su pieza 2 se centra exclusivamente en la corrupción que presuntamente protagonizó esta trama en la Diputación de León, aunque nada tienen que ver una con otra.

Igualmente, Ulibarri ha rechazado cualquier participación en adjudicaciones públicas, contratos o en el pago de comisiones investigadas en este caso, recordando, según explican fuentes presentes en su testimonio, que Begar en aquel momento contaba con unos 5.000 empleados.

Según considera el juez para imputarle, dos facturas localizadas en el registro a las empresas de Marjaliza “constatan” que fue Aruba -mercantil del entonces socio de Granados- quien “materializó” el pago de 109.733,68 euros en comisiones por parte de Begar a cambio de una adjudicación de un contrato firmado con la empresa pública Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra) el 18 de mayo de 2004. El empresario también se ha desvinculado de ese pago. Tras su declaración, el empresario leonés ha abandonado la Audiencia Nacional.

Otros casos en los que los jueces le señalan

Cabe recordar que Ulibarri ya estuvo encarcelado por espacio de dos meses de manera preventiva a raíz de saltar el escándalo de la trama corrupta Enredadera en julio de 2018, atribuyéndosele la manipulación de licitaciones públicas y contratos para que recayeran en algunas de sus empresas. De hecho, el magistrado de esta causa le ha considerado uno de los cabecillas de esa presunta trama.

En esta causa, que ha salpicado a decenas de ayuntamientos de España, y causado un terremoto político en algunos leoneses tan importantes como el de León capital, San Andrés del Rabanedo, Astorga o Villarejo de Órbigo, salieron a la luz 'pinchazos' de la UDEF de la Policía Nacional, registrados durante muchos meses, con varias conversaciones personales suyas con importantes políticos del Partido Popular.

Así, aparecía en conversaciones con el exalcalde de León, Antonio Silván, o el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en las que presuntamente se le facilitaba información sobre diferentes ofertas públicas en tiempo real o incluso se le ofrecían cuantiosas obras de manera directa.

También Ulibarri está imputado por el caso de la trama Gürtel, junto al también leonés José Luis Martínez Parra, hijo de su rival Martínez-Núñez, y el abogado Ramón Blanco Balín, desde que en 2016 un auto de la Audiencia Nacional pidiera sentarles en el banquillo de los acusados por el pago de presuntas comisiones ilegales en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

Por último, sobre él también pesa una cuarta investigación judicial, pero por ahora no cómo imputado, que Audiencia impulsa para conocer si estuvo implicado en el fallido proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid, que impulsó el político leonés Alfredo Prada y que en su abundante gasto público de 105 millones de euros incluyó importantes adjudicaciones a las empresas de Ulibarri, en concreto a Begar.

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