El empresario José Luis Ulibarri es imputado también en la trama 'Púnica' junto a Aguirre y Cifuentes

Nueva imputación judicial por presunta corrupción para el empresario constructor y de medios de comunicación José Luis Ulibarrio. El dueño de medios como Diario de León o el 50% de Radio Televisión Castilla y León deberá acudir el próximo 19 de septiembre a declarar como imputado en la trama 'Púnica', al haber sido citado en la ampliación que ha dictado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

La principal novedad de la ampliación de la investigación en la trama son las expresidentas de la Comunidad de Madrid por el PP, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, amba citadas como imputadas. La citación de Ulibarri, explica eldiario.es, aparece en la providencia con las citaciones para declarar a petición del ministerio público. La precisión de que lo hará como investigado indica que debe acudir con su abogado y que hay posibilidades de que tras su paso por el juzgado se le impute formalmente.

El principal investigado del caso, y del que toma nombre la operación, Francisco Granados, tiró de Ulibarri en su plan de amaño de concursos públicos mientras fue primero consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y después de Presidencia y Justicia. Una sociedad pública, Mintra, fue según el juez clave para el enriquecimiento de Granados gracias a las adjudicaciones para la construcción de las infraestructuras de metro y metro ligero proyectadas en el 'Plan de Ampliación de Metro de Madrid para 2003/2007'.

Según explica Eldiario.es Granados, “abusando gravemente de su nuevo cargo público”, habría concertado con el Consejero Delegado de Mintra, el investigado Jesús Trabada, adjudicar a empresas medianas, que llegarían de la mano del investigado David Marjaliza, y que pagarían una comisión por ello, contratos públicos de construcción de infraestructuras ferroviarias, “que hasta ese momento venían siendo adjudicados a las grandes y pujantes constructoras españolas”.

En una de esas obras ferroviarias aparece Begar, la empresa de Ulibarri que actualmente se llama Grupo Elodea aunque está en extinción empresarial, y que se encargó de los trabajos del tramo 1-C de Metrosur.

Según la contabilidad de Marjaliza, Begar pagó a Granados y al propio Marjaliza supuestas comisiones a través de ingresos en una empresa de este último. El ingreso se hace de Begar a Aruba, la sociedad de Marjaliza que se usaba para canalizar las comisiones. Según obra en el sumario, en el año 2004 Begar realizó pagos a Aruba por valor de 109.733,68 euros.

“La declaración de David Marjaliza en sede judicial dio valor a los indicios que evidenciaban que dicho investigado medió con autoridades públicas a favor de la mercantil Begar, en licitaciones públicas”, dice el sumario. En concreto, se apunta a dos facturas localizadas en el registro practicado en la sede social de las empresas de Marjaliza que constatan que fue la sociedad Aruba “el instrumento que materializó, mediante facturación mendaz emitida a la sociedad Begar, el pago de las comisiones que entregó esta sociedad por la adjudicación del contrato firmado con MINTRA el 18 de mayo de 2004, tal y como reza el concepto de cada una de ellas. También fijan el importe de la comisión en 109.733,68 euros”.

Las adjudicaciones de las obras de metro que recibió Begar superan los 25 millones de euros: 29 de abril de 2004, obras de 12.192.608,86 euros, en julio de 2005, 2.433.735,35 euros y en junio de 2006, 12.012.146,18 euros.

Los hechos serían constitutivos de delitos de prevaricación, malversación, cohecho, organización criminal, tráfico de influencias, falsificación de documentos mercantiles y blanqueo, sin perjuicio que puedan calificarse como constitutivos de otros delitos que se evidencien en la instrucción.

La estrategia que se puso en práctica buscó el concierto con los administradores de otras empresas medianas que operaban en el sector de la obra civil pública, como Begar, o la también sociedad leonesa Teconsa, y que tampoco habían accedido nunca a las licitaciones de Mintra. Estas sociedades se presentarían a las nuevas licitaciones, formando una Unión Temporal de Empresas (UTE) con la mercantil Obrum. Todas ellas pagaron comisiones a través de facturación falsa.

En la trama 'Púnica' hay también una pieza separada que afecta a la Diputación de León, en la que la Fiscalía pide de entre 7 y 10 años y medio de cárcel a tres leoneses imputados por presunta corrupción. Son el expresidente Marcos Martínez Barazón, hoy alcalde de Cuadros, el exinterventor 'Suso' López y el exalto cargo y actual regidor de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez. Sus penas y delitos son superiores, incluso, que las del 'conseguidor' Alejandro de Pedro, a cuyas empresas la Diputación pagó 106.000 euros a cambio de promoción personal del presidente y el intento de amañar contratos como en la estación de esquí de San Isidro.

Cabecilla de la trama 'Enredadera'

José Luis Ulibarri está imputado y es considerado uno de los cabecillas de la llamada trama 'Enredadera', un caso de presunta corrupción por el que fue detenido a principios de julio del 2018 y por el que pasó dos meses en prisión provisional.

La investigación judicial cuya pieza principal se desarrolla desde Badalona y ha dado lugar a piezas separadas en León y Astorga concluyó en su primera fase con medio centenar de detenidos, una veintena puestos a disposición judicial y medio centenar de registros en empresas e instituciones, entre ellas los ayuntamientos de León, Astorga, San Andrés del Rabanedo, Villarejo de Órbigo y Villaquilambre.

A Ulibarri se le considera cabecilla de una subtrama junto a su socio Ángel Luis García 'El Patatero', que habrían urdido, según la Fiscalía, una red de amaños de contratos, desarrollada especialmente en Castilla y León.

Los pinchazos a José Luis Ulibarri son parte fundamental de la investigación y afectaron a cargos políticos como el entonces alcalde de León, Antonio Silván, que le informó de cómo iba una adjudicación en directo; al actual consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que le propuso adjudicarle una carretera parada; o la exalcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, que se citó de forma discreta con el empresario.

Esta causa se mantiene todavía en investigación con cierta parálisis de las piezas de León y Astorga, donde los imputados no han sido llamados a declarar en más de un año.

Pendiente de juicio en el caso 'Gürtel'

José Luis Ulibarri también está procesado en otra de las mayores tramas de corrupción en España, la 'Gürtel'. En este caso lo hace en la pieza separada 'Boadilla', que afecta a presuntos chanchullos llevados a cabo por el grupo que lideraba Francisco Correa, hoy en prisión por condenas de otras piezas relacionadas.

En este caso Ulibarri se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de 7 años y 1 mes de prisión, más una considerable multa. Según el juez en el caso una de sus sociedades, UFC, SA, habría pagado una comisión por la adjudicación de la parcela 1.A de la manzana M-7, de la UE-12 del Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. Según el auto en esta adjudicación participó Gordon Levenfeld “ayudando a encubrir la comisión ilícita por medio de la mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones, SL”. El juez cree que la adjudicación de la parcela a UFC provocó un quebranto de 4 millones de euros al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y que la comisión pactada fue de 1 millón de euros.

En este caso están pendientes de juicio otros dos leoneses, el también constructor José Luis Martínez Parra (Grupo Martínez Núñez) y el abogado bembibrense José Ramón Blanco Balín.