Autorizada una macrogranja de pollos en el municipio de Carrizo de la Ribera

De Larry Rana - USDA, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3824012

El Boletín Oficial de Castilla y León recoge en su edición de este viernes la autorización ambiental para una macrogranja avícola que se ubicará en el término municipal de Carrizo de la Ribera. La autorización, emitida por la Delegación Territorial de León, supone autorizar una explotación avícola de pollos de engorde con hasta 110.000 ejemplares.

La licencia fue solicitada en el año 2018 y hasta ahora ha seguido la tramitación para lograr la autorización ambiental preceptiva dado el tamaño de granja. Se ubicará a menos de un kilómetro de la localidad de La Milla del Río. Durante todo el proceso de autorización ambiental no se han presentado alegaciones al proyecto por parte de particulares o interesados.

Este tipo de grandes proyectos necesitan autorización ambiental debido a que superan el límite de 85.000 pollos de engorde según la normativa. La autorización supone que el titular de la misma puede iniciar la actividad en un plazo de 5 años o caducará.

La granja se dedicará al engorde de 'broilers', una varidad de ave para carne, y el total anual podrá producir hasta 638.000 pollos.

La macrogranja contará con tres naves de casi 7.000 metros cuadrados útiles en un terreno de más de 25.000 metros que acogerá además instalaciones necesarias en estos proyectos como depósitos de agua y gas, estercolero y fosas de lixividados. En el caso del estercolero se especifica que “deberá estar cubierto y contemplar medidas para evitar los riesgos de desbordamiento e inundabilidad, e incluir algún sistema de recogida y depósito para el almacenamiento del líquido de escorrentía”.

La autorización concedida recoge que no la ubicación de la macrogranja no tiene impacto en ninguna zona protegida ni se realizarán vertidos al dominio público hidráulico. Uno de los aspectos más llamativos de la autorización, concedida en base a la normativa vigente, es que el control de los posibles vertidos en las aguas subterráneas queda en manos del propio promotor, que deberá cada seis meses realizar autocontroles y ya cada 5 años deberá analizarse “mediante un Organismo de Control Acreditado el contenido de amonio, nitratos, nitritos, fosfatos y cobre en muestras de aguas de los piezómetros instalados”.

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