Victorino Alonso vuelve a la Audiencia de León acusado de causar graves daños medioambientales en Cabrillanes

Victorino Alonso en el juicio por la destrucción de la cueva de Chaves (Huesca). Foto: Ecologistas en Acción Huesca

Alba Mañanes

El empresario minero volverá a sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de León en el mes de enero acusado de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente mediante la explotación minera en los parajes conocidos como 'La Mora' y 'Nueva Julia' y la construcción de una cantera en el término municipal de Cabrillanes, perteneciente al municipio de Villablino.

Según recoge el auto de calificaciones provisionales de la Fiscalía al que ha tenido acceso este periódico, la explotación se llevó a cabo por Minero Siderurgia de Ponferrada (MSP) y su sucesora Coto Minero Cantábrico (CMC) bajo la dirección de Victorino Alonso García y Manuel Santamaría en calidad de jefe de explotación minero hasta el año 2010, ambos están acusados de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente y se enfrentan a una petición de pena de prisión de ocho años de cárcel del Ministerio Público.

La explotación contaba con una Declaración de Impacto Ambiental desde 2003 para explotar 278 hectáreas y otras 127 hectáreas se encontraban dedicadas a labores de restauración sobre antiguas explotaciones de carbón ya abandonadas.

La Fiscalía considera que la actividad se llevaba a cabo de manera “plenamente consciente y deliberada sin tener en cuenta la Declaración de Impacto Ambiental en vigor para desarrollar la actividad” y “llegando no sólo al extremo de que de que toda la explotación minera se ha dedicado íntegramente a la extracción directa de carbón a cielo abierto, sin distinguir en modo alguno la zona de explotación y la zona de Impacto Ambiental, si no que la cantera se incrementó en 19 hectáreas de monte de utilidad pública sin autorización ni licencia del Ayuntamiento de Villablino”.

Graves daños a espacios naturales

Según el mismo auto, la explotación se encuentra en una zona protegida, el Espacio Natural Alto Sil y también pertenece a la Red Natura 2000 por encontrarse presencia de animales en grave peligro de extinción como son el oso pardo y el urogallo. El conjunto de la explotación, además, influyó negativamente en el Espacio Natural Zepa y Zec Valle de San Emiliano.

La actividad minera desarrollada por MSP y CMC ha tenido, explica la Fiscalía, un grave impacto en los ecosistemas fluviales y captaciones de agua de la zona y ha afectado muy negativamente habitas de interés comunitario como brezales y rocosas silíceas. Además, ha afectado de modo grave a dos especies en serio peligro de extinción como son el urogallo cantábrico y el oso pardo cantábrico.

Petición de 8 años de cárcel

Para el Ministerio Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el que reclama para cada uno de los dos acusados, Victorino Alonso y Manuel Santamaría, una pena de 8 años de prisión, así como ocho meses de multa con una cuota diaria de 25 euros -6.000 euros- y la inhabilitación especial para el ejercicio de labores de administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción durante 6 años y 9 meses.

En materia de responsabilidad civil subsidiaria, la Fiscalía reclama que ambos acusados abonen de forma solidaria las cantidades necesarias para que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta pueda llevar a cabo las labores de recuperación de la zona. De esas cantidades responderán de forma subsidiaria las entidades MSP y CMC.

Las defensas piden la absolución

La defensa de Victorino Alonso se ha mostrado contrario al escrito elaborado por la Fiscalía y ha insistido en que los hechos “presuntamente delictivos que relata carecen de la más mínima base probatoria y, en realidad, nunca acontecieron de la forma en la que es sostiene”. Del mismo modo, asevera que no ha existido delito alguno por lo que procede la libre absolución de su patrocinado.

Por su parte, la defensa del otro acusado, Manuel Santamaría, también se ha mostrado disconforme con el relato del Ministerio Fiscal y ha insistido en que su patrocinado no es autor de ningún delito porque “en el tiempo en el que trabajó en la explotación nunca ejerció la dirección facultativa, al igual que nunca tomó ningún tiempo de decisión”.

Otras causas con la Justicia

Además de por este procedimiento, Alonso tiene pendiente otro juicio en la Audiencia Provincial de León en este caso acusado de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro delito contra la ordenación de territorio por la explotación ilegal de El Feixolín desde 1995 hasta 2008.

En este caso, la Fiscalía solicita para él 8 años y 3 meses de prisión, además de otras condenas, como multas e inhabilitaciones para ejercer cargos similares y la restauración completa del daño ecológico y medioambiental causado.

El juicio debería haberse celebrado el pasado 24 de noviembre en la Audiencia Provincial de León, pero fue suspendido para llevar a cabo cuestiones previas ya que una de las empresas sobre las que recaía la responsabilidad subsidiaria en caso de condena, Coto Minero Cantábrico, no había recibido los escritos de acusación. El juicio todavía no tiene nueva fecha de celebración.

Además, recientemente se ha dado a conocer la suspensión de una condena del empresario minero por destruir el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, en Huesca, por la que había sido condenado de dos años de cárcel por arrasar el yacimiento neolítico al entender que es insolvente y no puede afrontar la indemnización de 25 millones de euros.

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