'Aulas de comunicación': un proyecto experimental de la Junta que separa al alumnado con discapacidad

Alrededor de 700 niños que cursan Educación Infantil y Primaria en la provincia de León tiene algún tipo de discapacidad, según datos del sindicato Stele. Se trata de pequeños con necesidades educativas especiales que precisan de más atención y recursos para poder seguir las clases y lograr una plena inclusión con el resto de sus compañeros.

Destinado a este colectivo, la Consejería de Educación de la Junta, encabeza por el leonés Fernando Rey, ha puesto este curso en marcha un proyecto experimental que, por el momento, se desarrolla en dos colegios de la provincia de León bajo el nombre de 'aulas de comunicación y lenguaje', unas “aulas inclusivas”, que pretenden según el propio Gobierno autonómico, “propiciar una atención educativa especializada al alumnado con necesidades educativas especiales, permanentes y muy graves”.

Este proyecto experimental está pensado especialmente para niños con trastorno del espectro autista (TEA), pero lo cierto es que en la práctica puede extenderse, y así lo hace, y atender las necesidades de otros niños con necesidades educativas especiales, algo que queda, según el Gobierno autonómico, en manos de cada centro escolar. Niños con problemáticas y necesidades muy diferentes entre sí como síndrome de Down, enfermedades raras o todo tipo de discapacidades como pueden ser visuales o motoras, entre otras, lo que se denomina alumnado con diversidad funcional.

Los destinatarios son pequeños de a partir de 3 años que se encuentran escolarizados en un grupo ordinario, en una clase con compañeros de todo tipo, pero que precisan programas específicos por tener necesidades de comunicación y lenguaje muy significativas.

¿Inclusión o exclusión?

Una medida piloto que, no obstante, no ha sido bien recibida por las familias de los niños con diversidad funcional que no consideran adecuado separar a estos pequeños del resto de sus compañeros y consideran mucho más efectivo que compartan aula para fomentar su autonomía, desarrollo e integración plena.

Así lo aseguran desde la asociación leonesa Todos Sumamos Creando Inclusión que se muestran “encantados” de que se dote de más recursos y financiación a este tipo de alumnado, pero no de esta forma. En su opinión, estas denominadas 'aulas de comunicación', pese a su nombre y a que pretenden favorecer la inclusión, en realidad provocan todo lo contrario: no benefician la comunicación y excluyen a los niños con discapacidad porque les separan del resto de compañeros.

Si juntan a cinco niños que tienen dificultades para comunicarse, ¿cómo van a poder hacerlo entre ellos? La comunicación se fomenta en un entorno natural

“No nos parece bien que el apoyo que precisan estos alumnos lo reciban en una clase aparte, separados del resto de sus compañeros. Si juntan a cinco niños que tienen dificultades para comunicarse, ¿cómo van a poder hacerlo entre ellos? La comunicación se fomenta en un entorno natural, con otros niños, que son sus iguales, pero que no tengan las mismas dificultades que ellos”, explican.

A este mismo respecto, desde esta asociación recientemente constituida y que ya representa a más de 120 familias leonesas, insisten en que es mucho más beneficioso para todo el alumnado, no únicamente para los menores con diversidad funcional, que este apoyo se desarrolle dentro del propio aula.

La existencia de dos profesores que se apoyan y complementan en una misma aula, añaden, es enriquecedor para todos los alumnos que, además de formación académica, reciben educación en inclusión. Una forma de aprender desde la infancia que, pese a las diferencias de cada uno de ellos y sus necesidades diferentes, todos son iguales.

Desde Todos Sumamos Creando Inclusión también se refieren a la problemática para los alumnos que son derivados a las 'aulas de comunicación' para poder seguir con normalidad las materias que se imparten. “Imagínate en una clase de cualquier materia y, de repente, cortan la clase y tienen que salir. Pierden la clase, y pierden un tiempo muy valioso para ellos. Después cuando vuelven se sienten desubicados”, precisan

Es mucho más ventajoso, insisten, que los apoyos que reciban los alumnos con diversidad funcional se presten dentro del aula porque no se rompe la rutina de estos pequeños y es muy favorable para la normalización de la discapacidad desde la infancia. “No tiene que haber diferencias entre ellos porque eso favorecerá la discriminación”, dicen.

Experimento piloto basado en el modelo valenciano

Para esta asociación, este proyecto piloto lo único que hace es ahondar en la exclusión y segregación que sufren ya los niños con diversidad funcional. Algo que ya existe porque muchas de las horas de apoyo que reciben estos alumnos en los centros escolares son fuera del aula, pese a que debe primarse que se hagan con el resto de sus compañeros y que abandonar el aula sea tan sólo una medida excepcional y en casos muy justificados. Insisten en que sea el sistema el que se adapte a las necesidades de estos niños y no al revés, y que primen las razones pedagógicas por encima de las económicas o la falta de personal.

Desde la Junta no especifican el tiempo que estos alumnos pasan separados de sus compañeros. Si es una hora, varias o la mayor parte de la jornada lectiva porque dicen que se es algo que depende de cada uno de los pequeños que tienen “un plan personalizado para su formación educativa que se evalúa continuamente para adaptar los horarios con su grupo de referencia”.

Lo que sí precisa el ente autonómico es el ratio de alumnado, entre seis y ocho escolares, que pueden tener problemáticas muy diferentes entre sí, y que están supervisados por profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje y, si es necesario, también por un técnico educativo y fisioterapeutas.

Un modelo piloto, cuya normativa no se ha desarrollado por tratarse de un asunto en experimentación, pero que se basa en un programa implantado en la Comunidad Valenciana, que arrancó también como proyecto piloto, en este caso en 2004.

De momento, habrá que esperar para comprobar si el Ejecutivo autonómico decide seguir el modelo valenciano e implantar este tipo de aulas en Castilla y León o si, por el contrario, se queda tan sólo en una propuesta experimental.