Gersul: los 20 millones de euros públicos más sucios de la provincia de León

El pasado 18 de julio el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) daba luz verde definitiva al presupuesto para el 2016 de los 19,4 millones de euros con que contará para este año el ente gestor de las basuras de la provincia, el Consorcio Provincial para la Gestión de los residuos Sólidos Urbanos (Gersul), que ahora preside el diputado provincial y alcalde de Páramo del Sil Ángel Calvo.

Esta cantidad es uno de los mayores importes públicos de gasto en la provincia de León, sólo superado por la Diputación, la Universidad y los Ayuntamientos de León, Ponferrada y San Andrés. Pero a la vez es uno de los más oscuros y sucios que existen, tanto por su finalidad de pagar la gestión de las basuras como por la práctica de nula transparencia con que se gestiona.

Los 20 millones de euros de Gersul sirven, básicamente, para pagar la gestión del vertedero provincial ubicado en San Román de la Vega, también conocido como Centro de Tratamiento de Residuos. La gestión recae desde el año 2004 en la Unión Temporal de Empresas (UTE) Legio VII, 'a pachas' entre filiales de las constructoras FCC y ACS. Y ellos son quienes se llevan la mayor parte de esos 20 millones por gestionar la basura que producimos los leoneses. Una gestión que lleva años siendo polémica por las acusaciones de falta de rigor en el reciclaje, por la rebaja sustancial de la vida útil del vertedero o, la última, por la presunta presencia de residuos no aptos para el CTR.

Si la ampliación del vertedero provincial se firmaba este mismo mes de junio entre la Junta y el consorcio que lidera la Diputación -sin que muchos de sus miembros se leyeran el convenio que lo soporta- lo cierto es que con el presupuesto de Gersul pasó exactamente lo mismo en el mes de mayo. La asamblea de Gersul que aprobó sus presupuestos de forma inicial fue objeto de críticas porque las cuentas no fueron enviadas por correo electrónico a quienes debían votarlas, que tenían que desplazarse a las oficinas de Gersul en León para consultarlas, y en caso de hacerlo sin poder fotografiarlas ni obtener copia y con apenas 48 horas para su consulta.

A esta escasa transparencia, que fue protestada en aquella asamblea provocando varias abstenciones, sucedió una generalista información facilitada, a viva voz, por los funcionarios del consorcio, aunque eso no impidió su aprobación para la mayoría de miembros de la asamblea, representantes en su mayoría de ayuntamientos gobernados por el PP. Ante las protestas de algunos alcaldes de no haber podido revisar la propuesta de cuentas la explicación fue que la documentación era muy técnica y voluminosa para haberla enviado por correo electrónico, ante el estupor de algunos regidores que optaron por abstenerse para no aprobar algo que no conocían en detalle.

Gersul es la entidad que gestiona los residuos generados urbanos generados en la provincia. La preside la Diputación.

Según los presupuestos de Gersul el ente cuenta con siete funcionarios y seis trabajadores laborales con un coste de 341.357,23 euros en el presente ejercicio. Su gerente, Secundino Prieto, es próximo a IU mientras que otros trabajadores están vinculados mediante afiliación a PSOE y PP. Y eso sin contar con los trabajadores directos de la UTE Legio VII, varios de ellos también con conocidas vinculaciones políticas. De hecho, uno de los últimos chanchullos en Gersul de la fallecida Isabel Carrasco acabó costando al erario público 223.000 euros al 'colocar' de forma ilegal al secretario-interventor y la tesorera. Esta última era la miembro del PP y funcionaria de la Diputación del sector 'Carrasquista' Isabel Fernández. El actual secretario de Gersul es Vicente González Iglesias, muy próximo al exdiputado provincial Jaime González y que ejerce también en Bembibre este puesto, compatibilizando ambos en la actualidad.

La falta de transparencia de Gersul es una denuncia endémica en las actuaciones de este consorcio público. En su escasa web (gersul.es) es notoria la falta de información, que incumpliría entre otras normativas la Ley de Buen Gobierno y Transparencia. Para encontrar sus presupuestos hay que acudir específicamente al BOP y los únicos enlaces son a su principal fuente de financiación, la tasa que aplica desde 2005 a los ciudadanos de León “para mantener el sistema provincial de gestión de los residuos de origen domiciliario”.

Este sábado una protesta de la Plataforma por una Gestión de Residuos Transparente y Sostenible pide que la anunciada ampliación del vertedero provincial se haga con garantías. De momento el convenio que lo sustenta se aprobó por la asamble de Gersul sin que prácticamente nadie se lo leyera, y sin responder a las alegaciones ciudadanas a la ampliación. La Junta 'heredará', a través de la sociedad pública Somacyl, la gestión del nuevo vaso del CTR aunque sin concretar si habrá una gestión directa o indirecta. Y el pago de la dudosa gestión seguirá recayendo en el bolsillo de los leoneses, se haga bien o mal.