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INVESTIGACION ILEON.COM

Privatizar el desempleo, última maniobra de Tomás Villanueva en la Junta

Los parados comiezan a recibir cartas en las que se les advierte de que empresas 'subcontratadas' -una de Chiclana de la Frontera, en el caso de la provincia de León, que se embolsa 1,1 millones- realizarán ahora gran parte de las labores del ECyL (antiguo Inem). Si los desempleados no colaboran con estas empresas podrán ser sancionados.

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César Sánchez / ICAL Varias personas hacen cola ante las oficinas del ECyL en Ponferrada
ileon.com | 01/06/2015 - 12:10h.

Hacia un servicio público de empleo... un poco menos público. Ese es el paso que acaba de dar hace escasos meses la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, que aún dirige Tomás Villanueva, gastándose 3,3 millones de euros en toda la Comunidad autónoma para subcontratar a empresas privadas buena parte de las labores que venían realizando los funcionarios del servicio público de Empleo Castilla y León (ECyL, antiguo Inem).

En concreto, la provincia de León formó parte del Lote 1 junto con Zamora y Salamanca, y el concurso público convocato recayó en la Fundación Sócrates. Esta empresa, con sede en Chiclana de la Frontera (Cádiz) se encarga desde la fecha de adjudicación, el pasado mes de marzo, de la realización de labores de "atención, orientación, formación e inserción laboral" a los colectivos en paro. Por idéntico importe de 1,1 millones, también la andaluza Fundación Sócrates realizará estos trabajos que hasta ahora desarrollaba el ECyL en las provincias del Lote 3 (Burgos, Soria y Segovia). Tan sólo el Lote 2 (Valladolid, Palencia y Ávila) recayó por idéntica cuantía en una empresa con sede en Valladolid, en concreto la firma Ibecom 2003.

Amenaza de sanciones a los desempleados

Los parados de toda la Comunidad, según ha podido comprobar iLeon.com en casos de la provincia leonesa, han ido recibiendo en las últimas semanas cartas oficiales del Ecyl en la que les advierten de que a partir de ahora estas empresas subcontratadas (que denominan eufemísticamente "agencias de colocación colaboradoras") antes mencionadas se pondrán en contacto con ellos para realizar servicios de inserción laboral.

En concreto, la carta advierte a los sorprendidos parados que estas firmas se encargarán de las labores "de intermediación, como orientación, formación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos u otras necesarias para alcanzar el objetivo de la inserción laboral, siempre de forma gratuita para usted". Los desempleados, que no comprenden nada, están acudiendo en masa a informarse a las oficinas del Ecyl considerablemente alarmados, especialmente por la advertencia que la carta contiene de que "puede ser sancionado" si no se comparece a la citación.

Para más inri, amén de tomarse este escrito como si pudiera ser una estafa, los desempleados no comprenden en base a qué la administración autonómica ha facilitado a estas compañías privadas sus datos personales, incluyendo el teléfono móvil, al cual en algunos casos estas empresas 'subcontratadas' están llamando para realizar las citaciones.

Lo que no saben es que, para rizar el rizo, ni siquiera las firmas adjudicatarias Sócrates e Ibecom realizan finalmente la labor contratada por la Junta, sino que a su vez las han subcontratado a lo que denominan "entidades colaboradoras": en el caso concreto de León la compañía Logos; y en el Bierzo, Asprona y la Academia del Transportista.

La última decisión de villanueva antes de anunciar su despedida

Todas las adjudicaciones de la Junta en las nueve provincias de la Comunidad han sido firmadas en marzo por el consejero de Economía y Empleo, a su vez presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, apenas dos semanas antes de que anunciara que ya no formaría parte del Gobierno autonómico después de 20 años de ostentar cargos máxima responsabilidad en la administración de la Comunidad.

Ya hace tres años que se denunciaron las maniobras de la Junta por descapitalizar la labor que realiza el servico público de empleo, en su momento cuando en junio de 2012, Villanueva despidió a 70 técnicos de las 54 oficinas de empleo de Castilla y León que llevaban 9 años trabajando aplicando técnicas de modernización en estas oficinas del Ecyl, aprovechando que tenían un contrato de obra y servicio tras superar un proceso selectivo al que se presentaron 2.500 aspirantes. En diciembre de ese mismo año presentó un ERE que afectaba a otros 120 orientadores laborales que llevaban cinco años con un contrato similar.

Sólo las protestas de estos afectados y las sentencias judiciales obligaron a la Junta a dar marcha atrás en sus planes: los 70 técnicos de modernización tuvieron que ser readmitidos 9 meses después tras una cascada de fallos judiciales, si bien la mitad de los 120 orientadores se fueron a la calle y 60 pudieron conservaron el puesto tras negociar con los sindicatos.

La decisión actual de dejar en manos privadas gran parte de las labores de orientación que se realizan desde el ECyL contrasta con la importante reforma que ha sufrido este organismo en 2014, aplicándose mejoras en los protocolos de actuación y formación para todos sus empleados.

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