Un año del asesinato de Isabel Carrasco, un juicio por llegar
La multitud de declaraciones de testigos, pruebas, alegaciones y recursos presentados por una y otra parte, unidas al empeño del abogado de la policía local, Raquel Gago, en lograr su libertad provisional, han retrasado más de lo previsto inicialmente la apertura de juicio oral del caso del asesinato de la presidenta del PP y de la Diputación de León, Isabel Carrasco. La vista, que en un primer momento se pensó que podría celebrarse antes del verano, se retrasará al menos hasta el próximo otoño.
Ante el titular de la sección tercera de la Audiencia Provincial declararán no menos de sesenta testigos, además de las propias acusadas: María Montserrat González, autora confesa de los disparos; Montserrat Triana Martínez, la hija de esta; y Raquel Gago, la agente de policía local que entregó el arma homicida en la comisaría treinta horas después del suceso.
Estas tendrán que defender ante un jurado popular su inocencia, en el caso de Raquel Gago y Montserrat Triana, y, en el caso de Montserrat González, su acorralamiento; puesto que la asesina confesa siempre ha alegado una inquina personal muy fuerte y ha mantenido desde el primer momento que el comportamiento de la presidenta para con su hija no le dejó otra salida que acabar con su vida.
Un jurado popular decidirá sobre las tres acusadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación el 12 de mayo de 2014
La Fiscalía ha pedido 23 años de prisión para las tres acusadas y ha solicitado que el delito se eleve de homicidio a asesinato con alevosía, además de sumar otro de tenencia ilícita de armas, una petición a la que se une la acusación particular.
La representación de Loreto Martínez Carrasco, hija de la fallecida, pide a mayores una indemnización de 150.000 euros para ella y la misma cantidad para Jesús López Brea, pareja sentimental de Carrasco; una cifra que deberán pagar solidariamente entre las tres acusadas en concepto de responsabilidad civil. Por su parte, el PP reclama una indemnización de 100.000 euros para el partido.
La defensa, por su parte, pide la libre absolución para Montserrat Triana una vez que la jueza le ha denegado la libertad provisional que esta había solicitado siguiendo los pasos de la agente de policía local, Raquel Gago, que se encuentra fuera de la cárcel desde enero. El abogado de Raquel Gago siempre mantuvo que era la magistrada del juzgado de instrucción número cuatro de León la que se empeñaba en negar la libertad a su cliente, por lo que la llevó ante la Audiencia donde Gago convenció a la jueza de que tuvo tiempo suficiente de deshacerse del arma de haber sabido que se encontraba en su coche.
Su abogado reiteró entonces que la libertad de Gago era “de sentido común” atendiendo a las pruebas que la inculpan puesto que, de ser condenada por algun delito, este sería el de encubrimiento, penado con hasta tres años de prisión. Considerando que Gago no tiene antecedentes penales, para entrar en prisión debería ser condenada a más de dos años, por lo que su abogado mantiene que su defendida, que pasó ocho meses en Villahierro, tal vez haya permanecido presa más tiempo del que debería.
El análisis del coche fue exhaustivo. Aquí revisan el maletero, donde se aprecian prendas, y a la derecha podría estar Triana, flanqueada por numerosos agentes. / Fotografía cedida por Elbierzodigital.com
En relación con Triana, considera la defensa que esta actuó como “encubridora impune” a quien no debe aplicarse pena alguna por considerar que intervino en los hechos tan solo como encubridora de su madre, con quien tiene una relación afectiva.
La defensa está tratando con esta petición de exculpar completamente a Triana para que sea su madre quien 'cargue' con la culpa de lo ocurrido. Exculpar a Montserrat González se tornó una tarea difícil tras desechar la jueza que instruye el caso el pasado abril anular su confesión en el momento de la detención tras denunciar la acusada que se había obtenido con presiones y engaños.
Para María Montserrat la defensa solicita ocho años y medio de prisión. De esta manera, acepta que fue la autora de los disparos y por tanto de un delito de asesinato por el que le correspondería cumplir siete años, seis meses y un día. A esta condena, la defensa propone sumar otro año a mayores por el delito de tenencia ilícita de armas.
