La sentencia que 'tumba' un manejo laboral de Carrasco en Gersul cuesta 223.000 euros
223.000 euros. Esta es la abultada cifra que le ha costado al Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de León (Gersul) un manejo laboral de Isabel Carrasco cuando era presidenta del mismo, obligado por una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La solución que ha adoptado Gersul en su última asamblea, celebrada la semana pasada, es por un lado reponer en su puesto al secretario-interventor que había sido apartado por un decreto de Carrasco en septiembre de 2011 de una manera que el Tribunal de Valladolid ha considerado en sentencia firme que no se ajustaba a derecho. Además de indemnizarle por todo el tiempo que ha estado apartado de ese cargo dentro del Consorcio.
Pero quizá lo más grave es que esa misma resolución judicial, adoptada en marzo de este año, anula también la decisión de Isabel Carrasco de ubicar a Isabel Fernández en el puesto de secretaria creado también en 2011 al desgajarlo de las funciones que venía desempeñando el interventor despedido. Isabel Fernández era amiga personal de la presidenta y persona de su absoluta confianza tanto en el Partido Popular (la nombró candidata y presidenta local del PP en San Andrés del Rabanedo en 2007 y más tarde vicesecretaria del PP provincial) como en la Diputación (donde participa sistemática y reiteradamente en multitud de mesas de contratación y tribunales de oposiciones, algunos con gran polémica).
En lo referente a este asunto, la asamblea de Gersul de hace una semana acordó solucionar este otro 'apaño' creando una nueva plaza, con todo su coste añadido, en este caso de tesorera. Y el presidente del Consorcio, José Antonio Velasco, ya dio a entender en la reunión que Isabel Fernández seguiría siendo la persona que ocupara ese nuevo puesto.
Ambas soluciones (la reposición del secretario-interventor y la creación y provisión de la plaza de tesorera) serán lo que eleve la cantidad a los 223.000 euros mencionados, que sufragarán los presupuestos públicos del Consorcio que preside la Diputación leonesa.
Los hechos se remontan al 30 de septiembre de 2013, cuando un decreto firmado por Isabel Carrasco decide la destitución de la persona que hasta entonces ocupaba el puesto de secretario-interventor. Los motivos no aparecen en absoluto justificados y es este precisamente uno de los argumentos que el TSJ valora ahora más importantes al valorar el recurso planteado por el funcionario afectado, que recurrió a la sala de Valladolid tras una sentencia de abril de 2013 que no le dio la razón en el Contencioso-Administrativo número 3 de León.
“El nombramiento del ahora recurrente no siguió el procedimiento de selección de personal que rige en las corporaciones locales, por tratarse de una adscripción de funciones, y tampoco lo han seguido los nombramientos efectuados mediante los Decretos ahora recurridos de fecha 11 de octubre de 2011 por el que se nombra Secretaria del Gersul (...) y por el que se nombra Interventor del Gersul (...)”, reza literalmente la sentencia. Y es que “en lo referente a la falta de motivación del cese del ahora apelante en el puesto de Secretario-Interventor, el Decreto recurrido no recoge causa alguna por la que se acuerda el cese del mismo”.
Con este y otros argumentos, el magistrado declara “la nulidad de las citadas resoluciones, dejándolas sin efecto, y reconociendo al recurrente y apelante los efectos administrativos y económicos correspondientes a tal nulidad”.
